Palacio Legislativo 23-IV-2009 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 304 votos a favor y cuatro abstenciones el dictamen que adiciona dos párrafos al artículo 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y otros del Código Penal Federal, con la finalidad de imponer penalidades a testigos protegidos que incurran en falsedad en declaraciones judiciales.

Por lo anterior, al testigo protegido que incurra en falsedad en declaraciones, así como a los servidores públicos que instiguen a la comisión de ese delito, se les impondrá las penas de prisión.

“Se impondrán de cinco a doce años de prisión y de 300 a 500 días multa al testigo protegido que, interrogado por autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, faltare a la verdad”, señala el documento.

Además, se impondrán de seis a doce años de prisión y de trescientos a quinientos días multa al que, examinado por alguna autoridad judicial teniendo la calidad de testigo protegido, faltare a la verdad sobre el hecho que se trata de averiguar.

En el caso de un servidor público, el dictamen sostiene que se incrementará la pena en una tercera parte de las penas señaladas anteriormente, según corresponda. “Será destituido de su empleo y se le inhabilitará para obtener otro durante un periodo de ocho a doce años”.

El dictamen pasó al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

AILH