Palacio Legislativo 30-IV-2009 (Notilegis).- Con 262 votos a favor, 25 en contra, y 23 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con cambios la iniciativa del Ejecutivo federal que reforma la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; la Ley de Obras Públicas; la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y el Código Penal Federal, con el propósito de hacer más eficientes las contrataciones públicas y contribuir al ejercicio oportuno del gasto público en esta materia.

El dictamen establece reducir el plazo para la formalización de los contratos de obra pública y servicios relacionados con la misma, de treinta días a quince días naturales, modificación que se refleja en el primer párrafo del artículo 47 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

La iniciativa propuesta por el Ejecutivo —como complemento del plan anticrisis— fue modificada por las comisiones unidas de la Función Pública, Justicia, Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.

El texto estipula que a fin de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales, las dependencias y entidades se les otorgarán, en igualdad de circunstancias, del diez al cincuenta por ciento de anticipo, tratándose de la adquisición de bienes cuyo proceso de fabricación sea superior a sesenta días.

Además, en los artículos 6 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 7 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se tiene el propósito de agilizar las contrataciones de servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones que realicen las entidades paraestatales.

También, la iniciativa del Ejecutivo federal propone conferir a la Secretaría de la Función Pública, la atribución de formular y conducir la política general de la Administración Pública Federal, en las materias que regulan dichas leyes, es decir, se establece un sistema de contrataciones públicas que se organice bajo estrategias y criterios comunes para todas las dependencias y entidades.

Se permitirá, destaca el documento, una contratación basada en datos reales; mayor transparencia sobre las contrataciones públicas; conocimiento sobre la trayectoria de los contratistas y proveedores, al estar incorporados en dicho sistema, lo que coadyuvará a contratar a los que garanticen las mejores condiciones para el Estado.

AILH/JZM