Palacio Legislativo 19-VI-2009 (Notilegis).- La consignación de 27 de los 30 servidores públicos del gobierno de Michoacán por supuestos nexos con el narcotráfico sigue teniendo un “tufo electorero”, y su objetivo es ajeno al combate al crimen organizado, la procuración de justicia o el fortalecimiento de las instituciones, afirmó el diputado Juan Guerra Ochoa (PRD).

Luego de que un juez federal concedió a la Procuraduría General de la República (PGR) consignar a los servidores públicos de Michoacán detenidos el pasado 26 de mayo por presuntos nexos con el cártel de La Familia, el diputado Guerra Ochoa manifestó su rechazo al uso electorero que el Gobierno federal esta llevando a cabo con dichas detenciones.

“Nosotros decimos que si hay elementos, que se actúe contra quien sea. Lo que no podemos aceptar es que el asunto de la seguridad de este país se meta a un juego y a una estrategia electorera, diseñada por el español Solá, en la que como no pueden hacerle frente a la situación económica todo lo han desviado a ese terreno, pero sin la eficiencia que todos quisiéramos que se tuviera. No es una defensa de ningún caso a ultranza; es un rechazo al uso electorero de este tipo de medidas de seguridad”, lamentó.

El diputado explicó que la forma en que fueron publicitadas las detenciones, la falta de coordinación con las autoridades de Michoacán y la irrupción violenta en las oficinas de los poderes del estado, generaron un golpe político injustificado contra el gobierno local, que ha colaborado estrechamente con el gobierno federal para erradicar fenómenos delictivos como el narcotráfico o el secuestro.

Señaló que lo que se busca en la averiguación del caso de Michoacán es ”imponer la idea de que los gobiernos estatales son los principales responsables del crecimiento de la delincuencia organizada en sus territorios”.

En el operativo de Michoacán, detalló, el gobierno primero actuó en el nivel municipal y se fueron principalmente contra los alcaldes, cuando debió ser en contra de los representantes de la PGR y de la Policía Federal Preventiva (PFP), pues son las que tienen la obligación de ejercer las atribuciones que les confieren las leyes y son los responsables del seguimiento y combate del crimen organizado en el territorio donde se encuentre.

Por lo anterior, el legislador recordó que presentó recientemente en la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a la PGR y a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) un informe sobre los operativos contra el crimen organizado, efectuados en diversas entidades federativas, y en el cual les solicita que se detallen los nombres de los delegados y funcionarios responsables de la PGR y la PFP en esos estados donde se realizaron operativos contra el narcotráfico.

ASC