Palacio Legislativo 25-VI-2009 (Notilegis).- Diputadas del PRD, Convergencia y PSD interpusieron una demanda de juicio político en contra del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, por violentar las garantías individuales de las mujeres de la entidad, que han sido agredidas sexualmente y se han visto impedidas para abortar.

En conferencia de prensa, la presidenta de la Comisión de Equidad y Género, Maricela Contreras Julián (PRD), reveló que en ese estado se han registrado siete mil 494 violaciones sexuales; sin embargo, el gobernador de Jalisco se ha negado a aplicar la Norma Oficial Mexicana para la Atención de las Víctimas de Violación, la cual aprueba la interrupción del embarazo no deseado cuando es producto de una agresión sexual.

Las legisladoras federales, Aida Marina Arvizu (PSD), Elsa Conde Rodríguez (PSD), Martha Tagle Martínez (Convergencia), Maricela Contreras Julián (PRD) y Rosario Ortiz Magallón (PRD) presentaron la solicitud ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados.

Además, la diputada Contreras Julián aseguró que el mandatario estatal ha violado el Estado laico, debido a que ha otorgado recursos del la entidad por 443 millones 500 mil pesos, en un lapso de tres meses, a organismos del clero y grupos conservadores de Jalisco.

“La no aplicación de la norma para la interrupción del embarazo, genera el aborto clandestino. El delito de violación es uno de los indicadores más altos de agresiones en el estado, con una tasa del 10.7 por ciento por cada 100 mil habitantes. Esto nos habla de grave caso que es”, indicó.

En su oportunidad, la líder del grupo parlamentario del Partido Socialdemócrata, Aida Marina Arvizu, afirmó que Emilio González ha sido reincidente en la violación, sistemática, a las garantías individuales de las féminas.

Marina Arvizu señaló que el ejecutivo de Jalisco se ha negado a la prestación de servicios médicos e informativos en materia de salud sexual y reproductiva, por lo que ha instrumentado una política institucional de violencia y discriminación de género.

“Hay una serie de problemas que comparte el estado con el resto del país; crimen organizado, desempleo, problemas económicos serios, agresiones contra mujeres y problemas de salud. El señor (gobernador de Jalisco) se ha dedicado sistemáticamente a molestar a las mujeres”, comentó.

Por su parte, la secretaria de la Comisión de Equidad y Género, Martha Tagle Martínez (Convergencia),informó que “la gota que derramó el vaso” en el estado de Jalisco, es que el gobernador ha interpuesto una acción de inconstitucionalidad a la “Norma Oficial Mexicana de Violencia Familiar, Sexual y Contra las Mujeres, Criterios para la Prevención y Atención”, la cual obliga a los nosocomios públicos y privados a atender los abortos de mujeres víctimas de violación.

Por lo anterior, Tagle Martínez dijo que “esta norma no es capricho de las legisladoras o de algunas mujeres en el país, sino es el compromiso y una obligación que tiene el Estado mexicano para dar servicios de salud a las mujeres víctimas de abuso sexual”.

La diputada calificó de “absurdo” la acción de inconstitucionalidad a dicha regla, interpuesta por el gobernador de Jalisco, por lo que es justo “poner una demanda de juicio político por atentar contra los derechos de las mujeres”.

Posteriormente, la diputada Elsa Conde Rodríguez (PSD) agregó que el juicio político es una herramienta de la ciudadanía, para cuestionar a aquellos gobernadores y servidores públicos que no garantizan el ejercicio de los derechos de los ciudadanos.

Conde Rodríguez apuntó que “el juicio político no terminará de ser una herramienta real para las mujeres y defendernos de todas las tropelías que, en caso concreto en el estado de Jalisco, el gobernador ha emprendido desde que tomó su cargo”.

Por último, la legisladora del PRD, Rosario Ortiz Magallón, explicó que como parte de las estrategias que asumirán, trabajarán sobre el protocolo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, porque México firmó un convenio.

Ortiz Magallón precisó que colocarán una queja ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) por la violación de los marcos normativos que se tiene en el país, en la defensa de los derechos de la mujer. “El próximo año México entra a la evaluación sobre el cumplimiento sobre todas las políticas en defensa de la mujeres por parte de la ONU”.

AILH