Palacio Legislativo 07-VIII-2009 (Notilegis).- Diputados del PAN y PRD opinaron sobre la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso Acteal, la cual reconoce un amparo a 40 de 86 presos vinculados con el asesinato de 45 indígenas de Los Altos de Chiapas, en 1997.

El vicepresidente de la Cámara de Diputados, José Luis Espinosa Piña (PAN), respaldó la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el caso de la matanza de Acteal, ya que a pesar de haber pasado 12 años se siguió investigando y no quedó en el olvido.

Espinosa Piña dijo que “durante mucho tiempo nuestro sistema de justicia desatendió la parte que tiene que ver con la atención a víctimas, pero ahora con el gobierno de Felipe Calderón hemos visto que ha habido mayor atención a éstas con un proceso de recuperación en la parte psicológica, física y de salud”.

En ese sentido, el legislador del PAN subrayó que los ciudadanos tienen que confiar en las instituciones, creer en ellas y darles crédito, porque “no le estamos firmando un carta abierta, ni un cheque en blanco, ni un paquete de impunidad”.

En su oportunidad, el integrante de la Comisión de Defensa Nacional, José Alfonso Suárez del Real (PRD) aseguró que la fabricación pruebas, testigos y un cúmulo de irregularidades en el caso de la matanza de Acteal por parte de la PGR, es el “momento más vergonzoso” de la historia judicial de México.

En entrevista, Suárez del Real afirmó que “en su momento exigimos que no se fabricaran culpables, que se atendiera el caso con pulcritud, pero a esas voces nos acallaron, nos dijeron que estábamos mal. Qué pena para aquellas personas que fueron víctimas de este uso faccioso de las facultades de impartir justicia”.

El diputado del PRD cuestionó a las autoridades sobre cómo van a resarcir el daño que le perpetraron a las familias de aquellas personas que, inocentemente, han purgado una pena que nos les correspondía.

“Yo espero que reflexionemos y demos marcha atrás, a esa reforma que aprobaron la mayoría en el Congreso de la Unión, que establece mecanismos tan absurdos y anticonstitucionales como el arraigo”, dijo.

AILH