Palacio Legislativo 23-IX-2009 (Notilegis).- El diputado Eduardo Mendoza Arellano (PRD) presentó una iniciativa para crear la Ley Federal de Reinserción Social, que tiene como objetivo cambiar la estructura penitenciaria para que los delincuentes en realidad logren modificar su conducta durante su estancia en los Penales.

Durante la sesión de hoy, el diputado Mendoza Arellano, explicó que es necesario: “cambiar de fondo la estructura penitenciaria y no sólo crear más penales. El año pasado sólo se reincorporaron a la sociedad 12 internos de una población de 8 mil 569 reos, es decir el 0.01 por ciento. Se debe terminar con los grandes vicios que enfrentan las cárceles del país”.

Por lo anterior, propuso una ley reglamentaria del artículo 18 constitucional en materia de Reinserción Social, la cual dijo, es el conjunto de acciones dirigidas a promover un mejor estilo de vida, mediante programas basados en la educación, trabajo, salud y el deporte, pues tiene como objeto regular la asistencia a procesados, el tratamiento de condenados a penas privativas de libertad y la ejecución de las sanciones penales.

Propone que el sistema penitenciario funcione a través de direcciones generales donde los representantes de instituciones públicas, de salud y derechos humanos, puedan asistir a las sesiones del Consejo Técnico con derecho de voz y voto.

“Se han preguntado qué clase de individuos estamos liberando de las instituciones y regresando a las calles?, ¿están conscientes del daño que ocasionan los delincuentes reincidentes en las colonias y a nuestros hijos”, preguntó.

Y es que el diputado señaló que los centros de reclusión son paraísos de impunidad para la delincuencia convirtiéndose, éstos, en universidades del crimen y en centros de operación delictiva, pues enfatizó que no es un secreto que la corrupción al interior de los centros penitenciarios prevalece.

“La ley propuesta de Reinserción Social contempla la separación de internos no sólo por género, sino por procesados y sentencia, para que los delincuentes procesados y sentenciados por delitos de delincuencia organizada ocupen instalaciones especiales”, detalló.

También, establecer una organización que será acompañada por una adecuada capacitación, según el perfil psicológico basado en estudios socioculturales, económicos y físicos con seguimiento de conducta durante los programas de capacitación y trabajo, porque, dijo, la educación y el trabajo serán parte sustantiva de tratamiento de Reinserción Social.
Además, la iniciativa de ley contempla que los internos que sean liberados, después de pagar su pena, tengan un oficial de custodia, con quien deberán reportarse por lo menos una vez al menos o cuando sean requeridos y de no atender el llamado regresarán de forma inmediata a los centros de readaptación.

“Hoy por hoy la pérdida de confianza en las autoridades y la consolidación de organizaciones delictivas han llevado a que la función del sistema penitenciario sea rebasado por la realidad, muestra de ello es que en 2009 existían 433 penales para una población de 227 mil reclusos, es decir 12 centros menos que el 2006 y con un incremento poblacional en las cárceles de 16 mil 861 personas lo que significa una sobrepoblación de 56 mil 797 reclusos según el tercer informe del gobierno federal”, destacó.

Por lo tanto, la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados turnó el proyecto de ley a la Comisión de Seguridad Pública con la opinión de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, sin embargo como aún no son integradas las instancias legislativas, dicha iniciativa se conservará en la Dirección General de Procesos Legislativos.

ASC