Palacio Legislativo 01-X-2009 (Notilegis).- El PT en la Cámara de Diputados propuso modificar la Constitución para garantizar el derecho fundamental de acceso al agua a todas las personas y grupos, sin privatizar su uso, aprovechamiento y dando amplia participación a la sociedad en la planeación, gestión y control de los recursos hídricos; además de fijar las competencias sobre el recurso entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.

Los diputados Jaime Cárdenas Gracia y Gerardo Fernández Noroña presentaron la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman, adicionan y modifican los artículos 4 y 27, fracción XVII del 73, y fracción III inciso a) del artículo 115 de la Constitución.

Ante el Pleno, el diputado Jaime Cárdenas (PT) dijo que con esta propuesta se pretende la recuperación del agua para la nación, derogar las atribuciones del Ejecutivo para aprobar reglamentos autónomos en la materia e imposibilitar a los particulares, nacionales o extranjeros, para adquirir el dominio o propiedad sobre las aguas y que la Federación, entidades y municipios tengan la obligación de asegurar el goce efectivo de este derecho fundamental.

Los municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales. Dichos servicios no serán privatizados ni concesionados y se realizarán en los términos que establezcan la Constitución y las leyes. La gestión y supervisión del agua deberá ser pública, social, colectiva, participativa, equitativa, y no comercial.

Asimismo, indicó que el cobro por los servicios del agua para consumo humano y doméstico será de carácter social, empero, el no pago de derechos dará lugar a las acciones que determine la ley, pero no a la suspensión de los servicios cuando el agua se use para el consumo humano y doméstico.

“La sustentabilidad de los ecosistemas y el consumo humano serán prioritarios en el uso y aprovechamiento del agua, las autoridades a cargo de la gestión del líquido serán responsables de su planificación, regulación y control en los términos de la ley”, sostuvo el legislador.

La explotación y aprovechamiento del agua estarán sujetos a procesos de consulta libres, previos e informados, con las poblaciones afectadas. En los núcleos ejidales y comunales, así como en las comunidades indígenas, la consulta tendrá lugar respetando sus normas y procedimientos.

La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales para su análisis y dictamen y establece en su artículo transitorio que se faculta al Congreso de la Unión para que, en un plazo no superior a 12 meses, de entrar en vigor la ley, emita una nueva Ley de Aguas Nacionales, en la que ordene las competencias necesarias para hacer efectivo el derecho fundamental al agua.

ALR