Palacio Legislativo 26-X-2009 (Notilegis).- Durante la instalación del grupo de trabajo que analiza el decreto de extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, los diputados que integran éste órgano acordaron solicitar a las dependencias federales la información correspondiente al decreto presidencial para liquidar a los trabajadores de la CLyFC, con el fin de conocer los argumentos jurídicos, técnicos, económicos y sociales.

El grupo resolvió sin prejuzgar las alternativas jurídicas que la Ley permite para alcanzar una conclusión que pueda ser presentada al pleno en un plazo de 12 días hábiles después de publicado el acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Asimismo, establecieron escuchar los distintos análisis de carácter jurídico que le permita a la sociedad tener certeza de constitucionalidad o no del decreto de liquidación de extinción de la CLyFC el pasado 10 de octubre del 2009.

El diputado Jesús Alfonso Navarrete Prida (PRI), presidente de dicho grupo de trabajo, informó que éste órgano legislativo tendrá como fin exclusivo analizar, estudiar y proponer al pleno, en un plazo perentorio la viabilidad de iniciar una controversia constitucional o la acción de inconstitucionalidad al decreto presidencial.

Navarrete Prida puntualizó que de no llegar a ningún acuerdo dentro de las reuniones de trabajo, se presentarán ante el Pleno dos propuestas resolutivas, la primera que esté a favor de una controversia constitucional y la segunda por la acción de inconstitucionalidad.

“Lo mejor sería que llegáremos a un acuerdo único y presentarlo al Pleno, pero de no encontrarlo presentaremos dos propuestas para que sean votadas”, dijo.
El diputado Navarrete Prida comentó que el director Jurídico de la Cámara de Diputados, Juan Alberto Galván, funcionará como apoyo para el grupo de trabajo durante el resolutivo que se emita ante el pleno del Palacio legislativo de San Lázaro.

En su intervención, los diputados del partido de Acción Nacional, Carlos Alberto Pérez Cuevas y Roberto Gil Zuarth manifestaron que el decreto que liquida a LyFC resiste controversias, pues el gobierno federal “no está violentando la ley”; Sin embargo, reiteraron que se mantienen abiertos al diálogo a fin de establecer acuerdos que ayuden a enfrentar las acciones jurídicas conforme lo mandata la Ley .

En tanto, diputados del PRD y PT manifestaron que el caso de los más de 40 mil trabajadores liquidados debe ser defendido con una controversia constitucional que revierta el decreto del gobierno federal, pero es importante escuchar jurídicamente a las partes involucradas, es decir, “al gobierno, al Sindicato Mexicano de Electricistas y la opinión de los expertos”, comentó Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT).

ALRG