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Nota N°. 555 Prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal de Coca-Cola Company y filiales: Serrano Jiménez

Palacio Legislativo 27-X-2009 (Notilegis).- El secretario de la Comisión de Seguridad Social en la Cámara de Diputados, Emilio Serrano Jiménez (PRD), exhortó a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a intervenir contra las prácticas fraudulentas en materia laboral y fiscal, desarrolladas por la empresa The Coca-Cola Company y sus diversas filiales, por medio del mecanismo denominado outsourcing.

A través de un punto de acuerdo, el legislador aclaró que la empresa que tiene la representatividad legal productiva de esta transnacional en nuestro país es la denominada, The Coca-Cola Export Corporation, sucursal México.

Durante una conferencia de prensa, dio a conocer que exhortó a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, a velar porque el juicio entre el Ingeniero Ángel Alvarado Agüero y The Coca-Cola Export Corporation, Sucursal México, se actúe en todo momento con imparcialidad y apego a derecho.

En el documento también detalla un exhorto al Procurador General de la República, para que los procesos penales interpuestos por el Ingeniero Ángel Alvarado Agüero con motivo de las irregularidades en el proceso laboral de mención, se atiendan con oportunidad y legalidad.

Serrano Jiménez, explicó que a través del esquema denominado outsourcing, esquema de intermediación laboral y de servicios, Coca-Cola ha creado varias filiales, con el objeto de burlar sus obligaciones para con sus trabajadores, especialmente el reparto de utilidades e igualmente para evadir al fisco y al IMSS.

El legislador señaló que hay un vacio legal sobre esa figura corporativa –outsourcing- que opera en lo grandes corporativos en México en prejuicio de la economía del país y de los trabajadores, por lo que propondrá poner un candado a los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley Federal del Trabajo, ya que éstos determinan el intermediarismo y también la solidaridad entre las empresas productivas y las empresas prestadoras de servicios.

“La propuesta es legislar para poner un candado a las empresas productivas que generan dinero y ganancias las empresas elaboradoras de productos, para que les paguen obligatoriamente a sus trabajadores de acuerdo al 123 constitucional y que tengan los derecho consagrados en la Ley Federal del Trabajo y quien no lo haga se abra la vía para la denuncia penal y/o sanciones económicas fuertes por el fraude específico a los trabajadores”, precisó.

ALR

 
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