Palacio Legislativo 14-XII-2009 (Notilegis).- El PRD en la Cámara de Diputados se pronunció por la renuncia del procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, por aparecer en el expediente del fallo que dio la Corte Interamericana de Derechos Humanos al Gobierno Mexicano sobre feminicidios ocurridos en Ciudad Juárez, Chihuahua, y al considerar que no puede ser juez y parte en la investigación.

“Como existe en la sentencia y está jurídicamente sustentado el nombre del procurador Arturo Chávez Chávez, por tener responsabilidad en los feminicidios, así como lo han hecho organizaciones civiles del país, nos uniríamos a pedir su renuncia como procurador porque no puede ser juez y parte, está el nombre en el expediente y él es quien imparte justicia en el país”, dijo Leticia Quezada.

La vocera del PRD, Leticia Quezada, señaló que su fracción parlamentaria dará seguimiento al fallo de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y puntualizó que propondrán dos alertas de género en el Estado de México y Chihuahua, ya que se registra el mayor índice de feminicidios en el país.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Especial par dar Seguimiento a los Feminicidios, Teresa Incháustegui Romero (PRD), señaló que llevarán una vigilancia muy estrecha junto con organizaciones de la sociedad civil para que se cumpla lo que plateó la Corte Interamericana, a fin de que mejoren los protocolos de investigación sobre los feminicidios, ya que no han sido los correctos y no han permitido identificar en muchas ocasiones a las víctimas.

Además, indicó que van a proponer que se implemente el “Protocolo Alba” con la intención de reaccionar de manera rápida al momento que se denuncia la desaparición de algún familiar, ya que una de las debilidades de la justicia es que cuando empieza la investigación inicia 72 horas después, tiempo vital para una víctima, de acuerdo a lo que indican los familiares de las víctimas para evitar ese delito.

La sentencia –explicó- crea un precedente para toda la región de América Latina y el Caribe por plantear elementos para jurisprudencia de los derechos humanos de las mujeres, pero sobre todo el que tiene que ver con la seguridad y la vida.

En ese sentido, el fallo conmina en plazos perentoriorios de 6 meses a un año para: reconducir el proceso de investigación interrumpido; sancionar a los responsables materiales e intelectuales de esos feminicidios y desarrollar mecanismos para abordar las indicaciones desde la perspectiva de género.

También se plantea la sanción a funcionarios responsables de realizar esas investigaciones que omitieron y fallaron en el proceso, así como a cejar en el hostigamiento que se tiene sobre familiares de otras mujeres víctimas de la violencia feminicida y que están pendientes en el proceso de la investigación.

Además de la sanción económica para resarcir el daño que a los familiares de las víctimas que el Estado debe cumplir en un plazo de 6 meses.

ALR