Palacio Legislativo 23-II-2010 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados debatió la propuesta del diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), de interponer una controversia constitucional contra las disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de Pemex y organismos subsidiarios, la cual fue desechada por los grupos mayoritarios.

En debate pactado por la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), entre los grupos parlamentarios, por las normas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 2010 se opinó pro y en contra de la controversia constitucional.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT), dijo que el impedir que se presentara una controversia constitucional ante la Suprema Corte por parte de esta Cámara, hace imposible que la Corte defina el alcance de la contratación privada que desarrollará Pemex y los organismos subsidiarios.

“Nuestro grupo parlamentario se opuso al arreglo entre Pemex y el PRI, porque no acepta Pemex la prohibición de contratos de riesgo. Pemex no aceptó que en las disposiciones administrativas tajante y expresamente se prohibiesen los contratos de riesgo, con el argumento de que la categoría jurídica de contratos de riesgo no existía en los estándares internacionales. Tal vez no exista en los estándares internacionales, pero en la historia de México sí”, expuso.

También refirió que en el artículo 78, de esas disposiciones administrativas, se permite que en el territorio nacional, en las zonas petroleras, se cuadricule, pues en esas zonas, en esos bloques territoriales, las empresas extranjeras tendrán una parte muy importante en las decisiones. Es decir, no solamente compartiremos el petróleo y la renta petrolera, sino también la soberanía de nuestro país, la soberanía política.

“Yo reto al PRI y a los diputados aquí presentes, como a las autoridades de Pemex, para que cada contrato que se celebre al amparo de estas disposiciones administrativas se haga público totalmente en su clausulado. Ahí advertiremos, en el clausulado de cada contrato, cuáles son las violaciones a la Constitución y cómo se está entregando la riqueza nacional”, sentenció.

En su intervención, el diputado Víctor Manuel Castro Cosío (PRD), hizo un llamado a evitar que se violente la Constitución al considerar que no es posible que un reglamento de carácter secundario, ni siquiera la ley reglamentaria, viole la Constitución. “No es posible que el petróleo vuelva a ser entregado al extranjero a través de estas medidas violatorias a nuestra Ley Máxima”, dijo.

“La bancada del PRD se deslinda de estas medidas que son totalmente fuera de la razón constitucional. Por eso les planteamos lo siguiente, compañeras diputadas y compañeros diputados: les proponemos formar una comisión plural que revise, de manera inmediata, todos los contratos, todas las formulaciones que Pemex está haciendo a través de este reglamento”, remató.

Al hacer uso de la tribuna, el diputado Alfonso Navarrete Prida (PRI), explicó que Pemex hizo gestiones directas y se comprometió a modificar la redacción de todas las normas controvertidas, y que el director general de la paraestatal comunicó al Comité de Adquisiciones, Obras y Servicios que sesionara y modificara la redacción para posteriormente enviarlas al Consejo de Administración para su aprobación inmediata.

“Esto ya ocurrió, ya que son las mismas personas –del comité y consejo- y se está a la espera de que este sesione para evitar cualquier riesgo de violación a la constitución en estas normas administrativas. La modificación a esas normas deja sin materia la posible controversia constitucional por ello no apoyamos la presentación de la controversia constitucional”, informó.

El también coordinador de los asuntos jurídicos del PRI recordó que el pasado 6 de enero del 2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación disposiciones administrativas, que no es un reglamento, las cuales pudieron haber sido una amañada violación a esas normas y hubiera permitido graves violaciones a la Constitución con un daño enorme al patrimonio de los mexicanos.

“El documento está firmado y se va a publicar, el PRI y la Cámara ganaron la controversia sin presentarla y eso es un buen logro”, remató.

Por su parte, el diputado Juan Gerardo Flores Ramírez (PVEM), el Partido Verde está a favor y nunca tuvo duda de la inconstitucionalidad de las normas emitidas por el consejo de administración de Pemex, en ese sentido apoyamos el informe

ALR