Palacio Legislativo 03-III-2010 (Notilegis).-El secretario de la Comisión de Gobernación, Enrique Ibarra Pedroza (PT), aseguró que el déficit en el acceso a la justicia se agudiza en el sector castrense y que esta tendencia se refuerza con el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que procesó 3 mil 021 denuncias contra militares en 2008 y 2009.

“Con la larga lista de retenes, cateos y despliegues de elementos de la Defensa y Marina se ha llenado el catálogo de abusos de Estado como abusos de poder, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, a lo que se suma la actitud de autoridades que han atacado con violencia las manifestaciones de protesta política y resistencia social”, explicó.

Durante el foro “Fuerzas Armadas, Justicia y Respeto hacia los Derechos Humanos. Hacia una Reforma Constitucional del Fuero Militar” el legislador señaló las fuerzas armadas no han escapado al poder corruptor de los grupos criminales sin embargo, consideró que la única solución posible es la estrategia a largo plazo apegada un estado democrático de derecho y a un concepto de seguridad integral.

“La inconveniencia de utilizar las fuerzas armadas para la persecución de las organizaciones criminales resalta ante la confusión oficial y entre los delitos del fuero común y del federal como faltas a la disciplina militar, la impunidad que se verifica en tales casos confirma que el ocupante del Ejecutivo debe desistir de una estrategia inadmisible”, precisó.

En su turno, el integrante de la Comisión de la Defensa Nacional, Heliodoro Díaz Escárraga (PRI), se pronunció por delimitar el marco jurídico entre seguridad nacional, seguridad pública y procuración de justicia para no confundir la tarea que corresponde a cada cuerpo de seguridad con la del Ejército mexicano.

“El poder legislativo tiene que definir la jurisdicción de cada concepto ya que hoy en día se están confundiendo los conceptos y se están realizando tareas que corresponden en un principio a las policías por parte de las fuerzas armadas. Debemos pensar que las leyes no coinciden con los tiempos actuales por lo que deben ser modificadas”, dijo.

El legislador señaló que es urgente delimitar cuáles son las funciones en materia de protección civil en las que el Ejército debe participar y cómo puede coadyuvar cuando se trate de funciones de seguridad. También se manifestó a favor de que persista el fuero militar, pero que se revise y se acote ya que, indicó, no debe servir para que se violen los derechos humanos ni mucho menos la ley.

“El avance del crimen organizado tomó por sorpresa a todas las instituciones del país por lo que se debe instrumentar un marco jurídico que aplique todas las herramientas y fortalezas con las que se cuenta hoy en día para hacer frente al crimen organizado”, precisó.

Por su parte, el ex procurador capitalino Bernardo Bátiz, dijo que el contexto histórico del país justifica que tengamos fuerzas armadas, pero que el contexto constitucional en este tema es ambiguo por lo que es indispensable que el Poder Legislativo reglamente la intervención del uso del Ejército para realizar labores de la policía.

En ese sentido dijo que el Legislativo tiene que llevar a cabo un análisis en esa materia para intervenir y no dejar la puerta abierta a interpretaciones diversas de la ley. Además propuso retomar el concepto constitucional de Guardia Nacional para hacer uso de ciudadanos que tengan el interés de defender los intereses nacionales como se hace en otros países a fin de no contar con un Ejército permanente.

ALR