Palacio Legislativo 16-III-2010 (Notilegis).- El presidente del Comité del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP), Omar Fayad Meneses (PRI), propuso en la sesión de hoy una iniciativa para transformar al Servicio de Administración Tributaria (SAT), en un organismo constitucional autónomo que de certeza y seguridad jurídica al manejo de los ingresos fiscales.

Lo anterior, dijo a fin de que a la brevedad se nombre al Procurador de la Defensa del Contribuyente. “El defensor fiscal del ciudadano no debe ser un trabajador del Ejecutivo federal y se debe ejercer la operación de este instrumento de defensa ciudadana en materia fiscal”.

Explicó que la propuesta pretende adicionar la fracción IV del artículo 31 constitucional, y recordó que el Legislativo promovió y aprobó la actual Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, la cual pretende garantizar la igualdad fiscal que contribuya a la proporcionalidad y equidad.

“Increíblemente, a ya tres años y medio desde su promulgación y publicación, no se ha nombrado aún al Procurador de la Defensa del Contribuyente”, declaró.

Por lo anterior, aseveró que no se ha respetado la voluntad de los diputados, pues en el artículo tercero transitorio se establece que la elección del primer procurador de la Defensa del Contribuyente deberá hacerse dentro de los treinta días siguientes al inicio de vigencia de esta ley.

La implantación operativa de la propia procuraduría, dijo Fayad Meneses, ha desprovisto hasta la fecha a todos los mexicanos de un instrumento legal indispensable para garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal, oponible, en su caso, a los actos arbitrarios de las autoridades que pudieran transgredir sus garantías constitucionales.

Recordó que en el 2008 se promovió una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual fue denegada.

Ante la posibilidad de que en un futuro pudiera presentarse otra acción de inconstitucionalidad, Omar Fayad dijo que se debe modificar la naturaleza jurídica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, y transformarla de un organismo descentralizado dependiente del Ejecutivo a un órgano constitucional autónomo.

JZM