Palacio Legislativo 18-IV-2010 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos, Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), se pronunció a favor de la iniciativa que facultar al Congreso de la Unión y a las legislaturas locales poder solicitar la comparecencia de los funcionarios que no acaten las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Moreira Valdez destacó que de las más de 70 recomendaciones que emitió la CNDH en el año 2009, 20 fueron rechazadas directamente por las autoridades y sólo diez fueron aceptadas totalmente.

Debido a lo anterior, el diputado confía en que la iniciativa con proyecto de decreto, que reforma y adiciona un párrafo tercero al artículo 102, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos presentada por el diputado Jaime Flores Castañeda (PRI) fortalezca la autoridad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Con el nulo acato de las autoridades a las recomendaciones hechas por la CNDH, ésta ve disminuida su autoridad, el ciudadano no ve satisfecha su exigencia de que hay un señalamiento sobre las violaciones de los derechos humanos y la autoridad sigue infringiéndonos”, lamentó.

Por lo anterior, Moreira Valdez señaló que la iniciativa del diputado Jaime Flores será analizada al mismo tiempo que la minuta con proyecto de decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del Título Primero y reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual sanciona a las autoridades que no respeten ni garanticen los derechos humanos.

“Actualmente la ley no sanciona a los funcionarios que no acatan las recomendaciones de la CNDH, sólo es la fuerza moral de la Comisión la que se trata de imponer pero ante el desdén de las autoridades en este tema, la iniciativa de Jaime Flores más la minuta que viene del Senado van a a poner un freno a estas arbitrariedades”, dijo.

“En la minuta del Senado se contiene la posibilidad de presentar denuncias por parte de la CNDH cuando crea que hay una responsabilidad de algunos de los funcionarios”, enfatizó.

Por su parte, el legislador Jaime Flores Castañeda (PRI) enfatizó que su iniciativa pretende acentuar que el Poder Legislativo debe dar un seguimiento más delimitado a los funcionarios que se han negado a aceptar las recomendaciones por los organismos dedicados a la protección de los derechos humanos, que si bien no son vinculantes no significa que se puedan dejar de atender, dijo.

“Es necesario que si la autoridad opta por no acatar la recomendación deberá tener razones congruentes y convincentes para hacerlo, así como ser capaz de defenderlas ante el Poder Legislativo”, advirtió.

ASC