Palacio Legislativo 20-IV-2010 (Notilegis).- El diputado Baltazar Hinojosa Ochoa (PRI), propuso hacer obligatoria la educación media superior con el objetivo de revertir el rezago educativo y orientar esfuerzos a una reforma de fondo a la enseñanza media superior, ya que las mismas autoridades reconocen la debilidad de este nivel, ubicándolo como un obstáculo para el desarrollo nacional.

La educación superior-precisó- es un bien público dado que el acceso a la misma responde a un interés general, y porque sus resultados generan un bienestar para todos los sectores sociales y un efecto multiplicador en la economía.

A través de una iniciativa con proyecto de ley, informó que de cada 100 niños que entran a primaria, sólo 12 egresan de nivel superior. Es decir, se observa poca eficacia del actual sistema educativo, ya que 88 de cada 100 alumnos que ingresan a él, no lograron culminar estudios de nivel superior.

También señaló que la cobertura en la educación media superior alcanzó 4.06 millones de estudiantes en 2009 (de un universo de 6.65 millones de jóvenes), incluidas las modalidades propedéutica, bivalente y terminal; de la cual sólo el 82.8 por ciento de la matrícula es atendida por la educación pública.

“Estamos a tiempo de generar las condiciones, desde el sistema educativo, para que nuestro país cuente con un instrumento eficaz de combate a la pobreza, de equidad, de generación de recursos humanos y de competitividad. Es ahí donde considero que una verdadera transformación debe iniciarse desde la educación media superior”, enfatizó.

Hinojosa Ochoa expuso que la inequidad en la cobertura de la educación media superior es tal que, por ejemplo, en el D.F. es del 100.6 por ciento de la demanda y en Michoacán es de tan sólo 50.4 por ciento. Con la cobertura actual de educación superior, sólo se podría atender al 30 % de los egresados de la educación media superior.

En la iniciativa se plantea que la autoridad educativa federal deberá, a la entrada en vigor del presente decreto, instalar comisiones técnicas y de consulta con las demás autoridades educativas del país que resulten pertinentes para iniciar un proceso tendiente a la transformación estructural y laboral de la educación media superior, así como para la revisión de los planes, programas y materiales de estudio, a fin de establecer, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, los nuevos programas de estudio de este tipo de educación.

Además establece que la obligatoriedad de la educación media superior se implementará a partir del ciclo 2011-2012, creciendo de manera gradual, hasta universalizar la obligatoriedad en todo el país para el ciclo 2014-2015.

Mientras que precisa que el presupuesto federal, los estatales, del Distrito Federal y municipales incluirán los recursos necesarios para la construcción, ampliación y equipamiento de la infraestructura suficiente para la cobertura progresiva de los servicios de educación media superior, sobre la base de programas de formación profesional del personal docente, así como de dotación gratuita de materiales de estudio para maestros y alumnos.

En ese sentido detalla que las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestación del servicio de educación media superior, las autoridades educativas federales, en coordinación con las de las entidades federativas, establecerán los programas especiales que se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acceso de los aspirantes a los servicios de educación media superior.

Finalmente señala que los gobiernos estatales y del Distrito Federal celebrarán con el gobierno federal convenios de colaboración que les permitan cumplir con la obligatoriedad de la educación media superior en los términos establecidos en el presente decreto.

La iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política y de la ley general de educación y fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación Pública y Servicios Educativos, con opinión de la Comisión de Presupuesto para su análisis y dictamen.

ALR