Palacio Legislativo 20-IV-2010 (Notilegis).- El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez (PRI), presentó una iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, con la finalidad de que el Estado indemnice por daños y perjuicios físicos, morales o en patrimonios a los ciudadanos que han sufrido acciones ilegales realizados por elementos de seguridad y defensa.

Moreira Valdez propuso reformar el párrafo primero del artículo 2; adicionar los párrafos segundo y tercero al artículo 3; adicionar un tercer párrafo al artículo 6, y se adiciona un tercer párrafo al artículo 31 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

La iniciativa señala que actualmente son numerosos los casos documentados en los que el Estado, a través de elementos policiales o integrantes de las fuerzas armadas, agreden a personas y familias enteras, sin más explicación que una que argumenta la realización de "operativos secretos".

En ese sentido, el diputado del PRI aseveró que no es tolerable, en un Estado democrático y de derecho, que con el pretexto del combate al narcotráfico, a la delincuencia organizada y a sus actividades ilegales, las instituciones públicas causen daño en muchas ocasiones irreparable a personas o familias inocentes.

“Es igual de reprochable es que la sociedad no pueda recurrir a la reparación de los daños y perjuicios que les hayan sido ocasionados, porque que no existen normas, medios y procedimientos para ese fin”, agregó.

Por ello, el también presidente de la Comisión de Derechos Humanos indicó que es necesario dejar establecido en la ley, de manera expresa, clara e indudable, que el “Estado es responsable de cubrir, a las personas y sus familias, las indemnizaciones que procedan ante actos ilegales o indebidos cometidos por los elementos de los cuerpos policiacos o por los integrantes de la fuerza armada".

Rubén Moreira Valdez destacó que cada vez son más las "otras víctimas"; personas ajenas al hecho delictivo que sufren daños patrimoniales o incluso pierden la vida por la acción del Estado, por lo que, en un acto de justicia, es importante reconocer que el gobierno federal debe asumir responsablemente las consecuencias de su actividad a través de resarcir los daños y perjuicios que su actuar ocasiona.

AILH