Palacio Legislativo 20-IV-201 (Notilegis).-Al advertir que al año cerca de 20 mil de niños son victimas de explotación sexual en nuestro país y 1.2 millones a nivel mundial, la diputada del PAN, Rosi Orozco, presentó una iniciativa para expedir la Ley General para Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas.

La también presidenta de la Comisión Especial de Lucha contra la Trata de Personas, explicó que la iniciativa busca cimentar la construcción de un marco jurídico que coordine los tres órdenes de gobierno y distribuya las competencias y facultades entre éstos.

La iniciativa de ley cuenta con 36 artículos, y de aprobarse abrogaría la actual Ley Para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas. Asimismo, toma en cuenta recomendaciones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y establece la coordinación, prevención, persecución y sanción del delito, para dar atención, protección y asistencia a las víctimas con el objeto de su pronta reinserción a la sociedad.

La diputada sostuvo que la iniciativa tipifica de manera certera el delito y establece normas para la generación de programas federales y locales, además de que evalúa resultados, e implementa acciones compensatorias y fomenta la participación de la sociedad.

La iniciativa argumenta que prevalecen lagunas e insuficiencias en el castigo a la trata de personas, por lo que es urgente atender el problema desde los tres órdenes de gobierno, así como órganos autónomos.

Igualmente, se sostiene que a pesar de que existen diversas disposiciones explícitas o implícitas en relación con el delito de trata, hay algunos que difieren o se contradicen con los de los tratados internacionales ratificados por México, y con las legislaciones de las entidades federativas.

Por lo que es necesario revisar y avanzar a que se armonicen u homologuen los conceptos que constituyen las conductas, las sanciones y las medidas de atención a las víctimas y reparación del daño.

En lo que se refiere al aspecto penal en el combate a la trata de personas, la Ley brinda claridad a las competencias entre Federación, estados y Distrito Federal, y municipios.

“Señala claramente, las competencias, los ámbitos de acción, así como disposiciones relativas a la coordinación en materia de prevención, protección y atención a víctimas y colaboración interinstitucional”, destaca.

En ese sentido, faculta a la federación para que pueda atraer a su ámbito de competencia los delitos de Trata de Personas que se cometen en las entidades federativas y que así lo merezcan.

JZM