Palacio Legislativo 29-III-2010 (Notilegis).- La Cámara de Diputados aprobó con 386 votos a favor, 15 en contra, y 2 abstenciones, reformar la Ley Federal de Competencia Económica para dotar de mayores facultades a la Comisión Federal de Competencia, entre las que destacan la posibilidades de interponer sanciones a las empresas que incurran en prácticas monopólicas hasta con el 10 por ciento de sus ingresos acumulables anuales, y de tres a 10 años de prisión a quienes violen las prácticas de competitividad.

Al fundamentar el dictamen, el presidente de la Comisión de Economía, Idefonso Guajardo Villarreal (PRI), afirmó que las modificaciones obedecen a la exigencia de reinventar el marco regulatorio para promover la competencia mediante el diseño de políticas públicas y marcos legales.

“Cuando un marco normativo no satisface ni al regulador, ni al regulado, ni mucho menos al público que pretendemos beneficiar, es momento de cambiar, creo que en el marco de competencia económica ese momento llegó en México, porque diversos organismos internacionales han señalado que el marco regulatorio para promover la competencia es obsoleto”, argumentó.

El diputado de Acción Nacional, Martín Rico Jiménez dijo que las modificaciones generarán beneficios para la sociedad. “La ley castigará severamente y las autoridades perseguirán con eficacia toda concentración o acaparamiento en una o pocas manos, que tenga por objeto obtener el alza de precios”.

Al respecto, el diputado del PRD, Armando Ríos Piter, dijo que la reforma enfrenta a los empresarios que incurran a en prácticas monopólicas, lo que beneficiará a la población directamente desde los precios. “Como grupo parlamentario estamos a favor de la iniciativa, y es un llamado que debemos hacer a nuestra colegisladora para que tenga los mismos argumentos”.

Por el PT, el diputado Mario Di Costanzo, dijo que la propuesta “busca hacer como que hacemos, ya que no hay ninguna disposición que elimine los precios exagerados. “Más cuando estas empresas no pagan impuestos y operan en la impunidad total, es absolutamente reprobable el dictamen, pues no ataca de manera integral el problema de los monopolios”, advirtió.

Las nuevas disposiciones facultan a la Cofeco para que al detectar prácticas monopólicas pueda ordenar la corrección o supresión de éstas, así como poder sancionar hasta por el equivalente al 10 por ciento de los ingresos del agente económico, con la exclusión de recursos obtenidos en el extranjero; por haber incurrido en una practica de este tipo de manera absoluta; y ocho por ciento en práctica relativa y de concentración.

A la par, se crea la figura del Comisionado Ponente y se amplían las facultades de investigación del Secretario Ejecutivo, que puede al detectar conductas sospechosas, hacer visitas sorpresivas a las empresas, con incluso, la fuerza pública y así obtener documentos y archivos, para probar la falta.

Al mismo tiempo, se sancionan con 200 mil veces el salario mínimo a quienes participen en prácticas monopólicas en representación o por cuenta y orden de personas morales; y 180 mil veces a quienes coadyuven, propicien, induzcan o participen en éstas.

En caso que la comisión dicte la suspensión de la práctica, las empresas contarán con un plazo máximo de cuatro meses para resolverlo, y en caso de no acatar la orden, se multará con ocho por ciento de los ingresos de la compañía.

Además, si se detecta falsedad de declaraciones podrán interponerse multas hasta por el equivalente a ciento setenta y cinco mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal.

Igualmente, brinda la oportunidad a las empresas a las que se les haya detectado prácticas monopólicas el que reconozcan su falta para hacerse beneficiarios de una reducción a la sanción estipulada, al tiempo que mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico e individuos que resulten favorecidos.

Se faculta al Ejecutivo para que designe al presidente de la Comisión por un periodo de cuatro años, con la posibilidad de una reelección, con lo que se modificó la iniciativa que envío el presidente, Felipe Calderón, que contemplaba originalmente periodos de seis años y una reelección por cuatro más.

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