Palacio Legislativo 04-VI-2010 (Notilegis).- Diputados del PRI, PAN y PRD se congratularon de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que el Ministerio Público puede adjudicar al fisco, sin la intervención de un juez, los bienes inmuebles decomisados a la delincuencia organizada, ya que permitirá atacar su estructura financiera y servirá para resarcir una parte del daño que el narcotráfico hace a la sociedad.

El presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Ardelio Vargas Fosado (PRI), se congratuló de la resolución de la SCJN, ya que dijo, es una especie de extinción de dominio que contribuirá a atacar las estructuras financieras del crimen organizado al agilizar el embargo de bienes.

“Qué bueno que ya la Suprema Corte tiene un criterio en ese sentido y va a ser muy útil, es una especie de extinción de dominio que va a tener el Ministerio Público en la procuración de justicia en sus manos”, declaró el legislador.

Calificó al fallo como una herramienta más para enfrentar al problema de inseguridad pública. “La violencia derivada de la actividad criminal no sólo es de policías, soldados y ministerios públicos, sino que implica un trabajo coordinado de las instancias del Estado para que cumplan con la responsabilidad que les corresponde”, consideró Vargas Fosado.

Por lo anterior, subrayó que las unidades especiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público deben encaminar estrategias claras que ataquen las estructuras financieras del narcotráfico.

El uso que el Estado haga de los bienes decomisados, explicó el diputado del PRI, se encuentra regulado, es decir: “Si son recursos que caen al abandono se hace en tres partes, el 33 por ciento se va a salud para la atención de las adicciones; el otro 33 se va al Poder Judicial y el otro 33 se va a la procuración de justicia”.

En tanto, el secretario de la Comisión de Justicia, Oscar Martin Arce Paniagua (PAN), calificó de acertada la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que los bienes asegurados, en el combate contra crimen organizado, pasen a manos del gobierno federal, ya que servirá para resarcir una parte del daño que han hecho a la sociedad civil.

Arce Paniagua afirmó que “es una tendencia que ya se venía realizando con la Ley de Extinción de Dominio, ahora con el proyecto de la minuta de ley antisecuestro; yo siento que esto debe ser una constante en todas las ramas de la lucha contra el crimen organizado. Lo que podamos decomisar y a su vez rematar o utilizar bienes del narco, serviría para paliar o resarcir, en una parte, el daño que le han hecho a la sociedad civil. Yo creo que es acertada la decisión de la Corte”.

El diputado del PAN señaló que los gobiernos estatales también deben trabajar en materia de extinción de dominio, por lo que la constante de la Suprema Corte debe ser extensiva a las autoridades estatales y municipales.

Además, Oscar Arce indicó que los bienes incautados deben ir destinados a los centros de prevención del delito y a la rehabilitación de las personas adictas a alguna tipo de droga.

En opinión de la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública, Teresa Incháustegui Romero (PRD), expuso que hace falta hacer modificaciones de ley desde el Poder
Legislativo para que haya mayor claridad de los recursos incautados que pasan al gobierno y de todas las políticas públicas.

Consideró que es positivo que la Corte haya declarado válido que los Ministerios Públicos puedan declarar el abandono de los bienes que asegura para que pasen a manos del Gobierno, sin embargo, aseguró que debe existir una investigación a fondo sobre la procedencia de esos recursos para que no haya abusos por parte de la autoridad.

“Es positiva la medida pero que eso a su vez debe tener una transparencia de esos bienes y tiene que hacerse una investigación a fondo de la situación en que se encuentran porque eso del abandono de bienes se presta para que se den muchos abusos”, indicó.
Incháustegui Romero, manifestó que esa medida tiende más “el velo de la oscuridad” sobre todo lo que es considerado bien incautado de la Procuraduría que tiene a su cargo, ya que no se sabe nada sobre ellos.

“No sabemos cuáles son, cuántos son, cuánto suman y quiénes los tienen, porque sabemos que han aparecido camionetas y automóviles que supuestamente están incautados en manos de otras personas, es decir, este procedimiento no abona a favor de la transparencia”, sostuvo.

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