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Nota N°. 2557 El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes arrancará programa piloto para entregar productos decomisados en regiones marginadas del país: Hernández Rodríguez

Palacio Legislativo 07-VI-2010 (Notilegis).- Ante los altos niveles de pobreza que enfrenta el país, el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) lanzará este mes una prueba piloto, con miras a establecer de manera permanente un programa para repartir casi 10 millones de prendas de ropa, zapatos, tenis y otros artículos decomisados en las aduanas y tianguis, para entregarse a las familias de regiones marginadas.

El presidente de la Comisión Especial de Estudiar, Analizar, Evaluar y Supervisar, Héctor Hugo Hernández Rodríguez (PRD), informó lo anterior y comentó que de acuerdo al Servicio de Administración Tributaria (SAT), se decomisaron 5 millones de prendas de vestir, usadas y nuevas que entraron de manera ilegal al país; además de otras 4.9 millones incautadas en bodegas y tianguis.

El legislador adelantó que el SAE establecerá un programa piloto para conocer la manera en cómo se deberá operar esta propuesta, así como identificar las condiciones en las que viven las comunidades más marginadas del territorio mexicano, a fin de que sean éstas las más beneficiadas.

“Para combatir la pobreza tenemos de ir a fondo, ya resultan insuficientes los programas sociales con los que se cuentan , por lo que se deben hacer esfuerzos conjuntos entre los tres niveles de gobierno para enfrentar este problema”, dijo.

El legislador presentó en la Comisión Permanente un Punto de acuerdo para exhortar al gobierno federal instrumentar la coordinación entre las instituciones correspondientes para que a través de las tiendas Diconsa, la distribución de los bienes incautados sean distribuidos entre la población de escasos recursos a nivel nacional.

Hernández Rodríguez refirió que en los últimos dos años el gobierno federal decomisó cinco millones de prendas de vestir usadas y nuevas que entraron en forma ilegal al territorio nacional, cuyo valor aproximado es de 420 millones de pesos.

Destacó que cuando lo incautado se destruye se incurre en un conflicto de interés social que obliga a la búsqueda de alternativas de aprovechamiento que, sin fomentar perversos círculos comerciales, ayuden a paliar en algo la condición de 50.6 millones de compatriotas que habitan en alguno de los 54 municipios más pobres, que no tienen ni siquiera para una muda de ropa.

ALRG

 
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