Palacio Legislativo 19-VI-2010 (Notilegis).- El secretario de la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática surgida por los Conflictos Mineros, Ramón Jiménez López (PRD), aseguró que ante la falta de interés del Grupo México por instalar una mesa de diálogo para resolver el conflicto minero y la falta de seguridad para los nuevos trabajadores que contrató, el Gobierno federal debe retirarle la concesión.

“Tenemos informes que una persona, contratada por Grupo México para trabajar en la mina, resultó quemada, las condiciones de seguridad por las que estalló la huelga siguen igual y no hay interés de resolverlas. Hemos solicitado al Gobierno federal explore la cancelación de la concesión, que sería una solución central”, dijo.

Jiménez López consideró que otra empresa debe hacerse cargo de la mina de Cananea, siempre y cuando se garantice la seguridad de los trabajadores mineros, o en su caso, que los propios mineros a través de una cooperativa sean los que se dediquen a extraer el mineral ya que cuentan con la experiencia de muchos años, por lo que no se requeriría de otra empresa minera.

El legislador recordó que ya se ha solicitado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que cite a comparecer tanto al secretario de Hacienda para que explique de donde van a salir los 113 mil millones de pesos que planteó el secretario del Trabajo, Javier Lozano, para rehabilitar la mina de Cananea. Y que además se ha exhortado al secretario de Gobernación para que resuelva el conflicto por la vía del diálogo.

Lamentó que luego de que el presidente de la Comisión Especial de Seguimiento a la Problemática surgida por los Conflictos Mineros en el país, Miguel Ernesto Pompa Corella (PRI), envió un oficio, aprobado en la comisión, para tener un diálogo con ese grupo empresarial, se haya hecho caso omiso y haya tomado una actitud arrogante y prepotente.

En este tema, Jiménez López precisó que hace falta actualizar el marco jurídico que regula el sector minero del país ya que lo que pagan las concesionarias de las minas por cada hectárea, de acuerdo a la actual ley, es entre cinco y 101 pesos al año por explotar el subsuelo, lo cual representa una ganga para las compañías que se dedican a esta actividad.

“También proponemos modificaciones orientadas a frenar la contaminación excesiva por algunos métodos que utilizan las empresas mineras (por el método de tajo a cielo abierto) y a que se invierta parte de las ganancias en beneficio para las poblaciones aledañas a la mina, ya sea en caminos, escuelas u hospitales”, indicó.

ALR