Palacio Legislativo 4-VII-2010 (Notilegis).- La Comisión Especial de Feminicidios informó que entre el periodo 2000-2010 registró 676 mujeres reportadas como desaparecidas, de a cuerdo con el Registro Nacional de Personas Extraviadas de la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP).

Así lo informó la presidenta de esa instancia legislativa, Teresa del Carmen Incháustegui Romero (PRD), indicó que de las 676 Desaparecidas, el 64.2 por ciento SON entre los 10 y 24 años de edad, es decir, se trata de niñas y adolescentes; situación que contrasta en la desaparición de hombres, entre 29 a 40 años edad.

En ese sentido, la diputada del PRD señaló que de las 676 mujeres desaparecidas a nivel nacional, el 10 por ciento de ellas fue vista por última vez en compañía de su novio; el 50 por ciento salió de su casa y no regresó; el 3 por ciento fue a otro estado y se desconoce su paradero; el 4 por ciento fue sustraída a la fuerza; el uno por ciento se dirigió a los Estados Unidos; el 3 por ciento fue a una fiesta y no regresó.

Por ello, Incháustegui Romero afirmó que este asunto se ha vuelto un tema importante para la sociedad, y las organizaciones civiles preocupadas por la seguridad e integridad de las mujeres.

Aseveró que las mexicanas se enfrentan a diferentes actos de violencia lo que va en contra de sus derechos humanos, y a pesar de que el Estado ha ratificado diversos instrumentos internacionales en defensa de las garantías individuales de las mujeres, la situación de violencia de género es preocupante.

Posteriormente, al referirse al incumplimiento de la sentencia enviada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a México respecto a al caso de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua; Teresa Incháustegui comentó que la instancia legislativa a su cargo buscará que el gobierno federal realice el pago inmediato de las indemnizaciones a las familias de las víctimas, lo que representa establecer un fondo de 12 millones de pesos.

“Vamos a trabajar para que de inmediato se indemnice a los familiares de las víctimas sin demora. Estudiaremos la parte de los recursos para que se destinen a los afectados, para que haya una etiquetación de los recursos de las dependencias para cumplir con esta obligación”, añadió.

La legisladora explicó que los 12 millones de pesos no es una cifra inaccesible que no pueda reunirse con economías de las instancias de gubernamentales; sin embargo, el gobierno federal “sigue tirando la pelota a las autoridades de Chihuahua y no quieren asumir el costo”:

En ese sentido, la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios manifestó que lo más recomendable es dividir el costo de las indemnizaciones entre los gobiernos para que las familias de las víctimas reciban ese pago lo más pronto posible. “Serían seis millones de pesos por cada gobierno”.

AILH