Palacio Legislativo 06-VII-2010 (Notilegis).- El presidente del Grupo de Trabajo para dar Seguimiento al Conflicto Existente entre el Sindicato Mexicano de Electricistas y el gobierno federal, Amador Monroy Estrada (PRI), opinó que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no resuelve el problema de los trabajadores, por lo que se debe buscar el diálogo entre el gobierno federal y líderes sindicales, a fin de que haya una conciliación.

En tanto, diputados del PRD y PT criticaron y calificaron de violatoria a la Constitución la resolución, por lo que anticiparon que agotarán todos los causes legales en la materia e incluso, anunciaron que acudirán a instancias internacionales para hacer respetar los derechos de los trabajadores afectados.

El legislador Monroy Estrada señaló que debe ser respetada la decisión que tomó la Corte respecto a la extinción de la CLyFC, sin embargo se debe incrementar el trabajo de la Secretaría de Gobernación para buscar solución a los problemas sociales en los que se encuentran miles de trabajadores.

Enfatizó que los legisladores que dan seguimiento al conflicto existente entre el Sindicato Mexicano de electricistas y el gobierno federal promoverán un encuentro entre el secretario Fernando Gómez Mont y Martín Esparza para que las condiciones de liquidación de los electricistas se apeguen a la ley y el conflicto concluya.

En su oportunidad, el diputado Ramón Jiménez López (PRD), comentó que los diputados de su partido acudirán a los organismos internacionales en materia laboral para agotar todas las cauces de carácter legal y no salgan afectados los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Opinó que fue subordinada la decisión de la SCJN al Poder Ejecutivo, la cual viola flagrantemente la Constitución; además, dijo, usurpa funciones que le corresponden al Congreso de la Unión.

Jiménez López afirmó que “la decisión que tomó la SCJN fue subordinada al Poder Ejecutivo, fue una decisión de complicidad a la violación de la Constitución política; además, la sentencia usurpa funciones que le competen exclusivamente al Congreso de la Unión que es legislar en materia de energía eléctrica en el país, por lo que los ministros no tienen vergüenza”.

El legislador del PRD indicó que los ex trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ahora, tendrán que ir por la figura de patrón sustituto para que se les restituya sus empleos.

A su vez, el secretario de la Comisión de Energía, Eduardo Mendoza Arellano (PRD), descartó que esté cerrado el ciclo jurídico de la extinción de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, toda vez que la Corte dejó intactos los derechos laborales y actualmente los usuarios del servicio eléctrico cuestionan la calidad del servicio y los costos.

En tanto, la también secretaria de esa instancia legislativa, Laura Itzel Castillo Juárez (PT), aseguró que el fallo de la SCJN abona a la injusticia en el país. “El país se desmorona y lejos de encontrar salidas, es como echarle gasolina al césped”, advirtió.

Entrevistado por separado, el diputado Gerardo Fernández Noroña (PT), integrante del Grupo de Trabajo, dijo que la resolución de la Suprema Corte, que valida la extinción de Luz y Fuerza del Centro, no es una sorpresa puesto que era un golpe que se veía venir; sin embargo, señaló que aún queda la figura jurídica de patrón sustituto bajo la cual aún pueden seguir los trabajadores en la lucha para reclamar lo que les corresponde.

“Es un golpe duro que yo por lo menos lo vi venir, para mí no hay sorpresa en eso, quizá desaliente a algunos trabajadores, pero la mayoría se van a mantener firmes, la otra tragedia es que han buscado trabajo y no lo consiguen porque los han marcado con una campaña brutal que les hicieron, no tienen más camino que luchar por lo que les corresponde”, indicó.

El legislador explicó que la fuente de trabajo y materia ahí están, entonces quien llegue como empresa a hacer la función automáticamente se convierte en la figura de patrón sustituto, que es el que tiene que asumir las responsabilidades del patrón anterior. En este caso será la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o las empresas privadas que lleguen a quienes se les podría reclamar esa figura que la ley prevé.

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