Palacio Legislativo 07-VII-2010 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa Incháustegui Romero (PRD), aseguró que impulsará un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo federal para que se les pague de manera inmediata una indemnización a los familiares de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua.

En reunión de trabajo de la comisión, la legisladora señaló que será eje central de sus labores el establecer una mesa de trabajo con las partes involucradas para que se impulse una iniciativa que tipifique en el Código Penal Federal el feminicidio como delito grave a nivel nacional.

Al reunirse con legisladores de esa instancia legislativa, la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Rocío García Gaytán, dijo que para contribuir al cabal cumplimiento de la sentencia sobre “Campo Algodonero” realizarán una mesa de monitoreo, seguimiento y evaluación de la implementación de la sentencia en compañía de asociaciones civiles y académicas para articular estrategias que coadyuven con el Estado mexicano a dar cumplimiento a la resolución.

Por lo anterior la representante del Inmujeres hizo un llamado a todos los actores involucrados a sumar esfuerzos y a aprovechar está oportunidad, lamentable, pero histórica, para reivindicar los derechos humanos de las mujeres en México.

En este sentido propuso una agenda para abonar al cumplimiento de la sentencia: debatir sobre la conveniencia de tipificar como delito el feminicidio a nivel nacional; discutir y aprobar una norma jurídica que permita delimitar con claridad los procedimientos e instancias responsables de la implementación de las resoluciones de los organismos de Derechos Humanos, como la ONU o del sistema interamericano.

Así como crear un fondo nacional de reparación de los daños a las víctimas por violaciones a sus derechos humanos, en este punto pidió el apoyo de la comisión para conseguir el fondo de 12 millones de pesos que se plantea en la sentencia; revisar adecuaciones en aquellos estándares donde no estén funcionando las leyes en esa materia; incorporar lo estándares de derechos humanos y juzgar con perspectiva de género en el país.

García Gaytán anticipó que se desarrollará capacitación específica sobre el tema que vaya dirigida a las procuradurías y tribunales de justicia del país. También aprovechó su intervención para denunciar que después de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso Campo Algodonero la Secretaría de Gobernación (Segob) los ha excluido del caso.

ALR