Palacio Legislativo 15-VIII-2010 (Notilegis).- Para que nuestro país tenga “el paraguas” que necesita para proteger a millones de indocumentados mexicanos que residen en Estados Unidos y se encuentran en situación de emergencia desde que se puso en marcha la Ley Arizona, es necesario aprobar lo antes posible la minuta que envió el Senado de la República en materia de derechos humanos.

Así lo demandó el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira Valdez (PRI), quien manifestó que el contenido de dicha minuta está prácticamente listo y lleva un avance de un 90 por ciento, por lo que se convocará en los próximos días a las comisiones correspondientes para trabajar de manera conjunta y tener preparado el dictamen cuando dé inicio el próximo periodo de sesiones ordinarias (primero de septiembre).

“Lo mejor que se puede hacer para proteger a los connacionales que residen en los Estados Unidos es proteger el sistema de defensa de los derechos humanos, por eso necesitamos ese paraguas y aprobar la minuta del Senado en materia de derechos humanos”, dijo.

En entrevista, el legislador indicó que de avalar dichas reformas, se fortalecerá la facultad de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el país contará con políticas públicas que eviten que los tratados internacionales en la materia y nacionales sean cosas aisladas.

Moreira Valdez lamentó que la Ley SB-1070 criminalice a los migrantes en Arizona, por lo que consideró también necesario impulsar políticas públicas que permitan crear más fuentes de empleo para los connacionales que regresan a sus estados.

Indicó que hacen falta 4 millones de empleos en México y si a ello se le suma el número de migrantes que son deportados y obligados a regresar a sus estados de origen, “veremos que el país enfrentara una severa crisis”.

Por ello, insistió que la minuta que envió el Senado debe contemplarse como los temas principales a debatir.

Explicó que dicho proyecto tiene cuatro ejes principales: el primero, es que brinda reconocimiento de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales para que tengan jerarquía en el país.

Segundo, se fortalece a la CNDH; tercero, quita responsabilidades a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para revisar violaciones a las garantías individuales y faculta para ello a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Y cuarto; se podrá solicitar la comparecencia del servidor público que no acate las recomendaciones de la CNDH para ayudar a enfrentar la serie de violaciones a los derechos de los mexicanos.

ALRG