Palacio Legislativo 31-VIII-2010 (Notilegis).- La presidenta de la Comisión Especial que da Seguimiento a los Feminicidios, Teresa Incháustegui Romero (PRD), dijo que no hay evidencia suficiente de que se está cumpliendo con los resolutivos de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), sobre el caso campo algodonero de Chihuahua, por lo que pedirán que el asunto sea atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Creemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe atraer el caso ya que es la última instancia en procuración de justicia y al tener la facultad de investigar, nosotros le tenemos plena confianza”, indicó.

En conferencia de prensa, la presidenta de la instancia legislativa, Teresa Incháustegui, exhortó a las autoridades competentes a que contribuyan a dar cabal cumplimiento a los resolutivos de campo algodonero, Chihuahua, en el que se encontraron muertas tres mujeres víctimas de feminicidio con el fin de que ese delito no quede impune.

Explicó que durante los meses de junio y julio la comisión se reunió con funcionario de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Procuraduría General de la República (PGR); el Instituto Nacional de las mujeres (Inmujeres); la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Procuraduría de Gobierno del estado de Chihuahua, además del presidente municipal de Ciudad Juárez, para conocer el avance de las investigaciones.

Por lo anterior, la legisladora señaló que hay una gran inercia institucional y obstáculos para dar cabal cumplimiento a los resolutivos de la Corte, que se originan tanto por la descoordinación entre instancias federales como en el conflicto entre ámbitos de competencia entre los tres niveles de gobierno.

“Éste es el caso particular del proceso penal en torno a las investigaciones de los feminicidios y de las omisiones de las autoridades encargadas de procurar justicia que competen al ámbito estatal, y en los que el Gobierno federal no quiere insistir”, dijo.

La sentencia señala el contexto de violencia sistemática contra las mujeres que se vive en esa entidad; enfatiza los procesos fallidos en la investigación, servicios forenses y de impartición de justicia, así como la falta de profesionalismo y compromiso de los funcionarios encargados de las investigaciones. También resalta la ausencia de protocolos adecuados para la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas, además de apuntar las fallas en el seguimiento y en el registro de los casos.

ALR