Palacio Legislativo 30-IX-2010 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Rubén Moreira Valdez (PRI), sostuvo que la queja de la PGR ante el Consejo de la Judicatura Federal, en contra del Juez Primero de Distrito, Efraín Cázares, por dejar en libertad a varios implicados del “michoacanazo”, es una intimidación que tiene que ser analizada por los diputados para revisar que no se trate de un proceso político.

“Ese tipo de afirmaciones de la PGR trata de a medrentar a los jueces, muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver los expedientes del michoacanazo y hubo uso de testigos protegidos, de llamadas anónimas y del arraigo, por lo que es un tema que se tiene que estudiar en la Cámara de Diputados para revisar si se trata de un proceso político y no jurídico”, dijo.

Entrevistado antes del inicio de sesión, Moreira Valdez, consideró que en México el testigo protegido ha sido utilizado por la PGR dándole valor probatorio pleno, no como un indicio y no se le confronta con otras pruebas. Además refirió que en el sumario del expediente sobre el caso se señalaba a diversas personas y nada se comprobó por lo que se cayeron todos los expedientes.

“La PGR tiene que hacer una revisión del uso del arraigo y de testigo protegido; dejar de amedrentar a los jueces, y si tiene alguna inconformidad que presente sus impugnaciones, sus medios de apelación; porque no solamente fue un juez; algunos de los 35 que han salido fueron en segundas instancias y con otros jueces”, preciso.

Por separado, el vicecoordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Carlos Alberto Pérez Cuevas, rechazó que la puesta en libertad de 35 personas ligadas al con el tema del “michoacanazo” sea una derrota para las instituciones de procuración de justicia y aclaró que ese caso representa las fallas estructurales que tiene el sistema de justicia mexicano.

“No es un problema de la procuraduría o de los jueces, es un problema del sistema penal mexicano, por lo que llegó el momento de que ya lo cambiemos de fondo y eso también toca a los diputados. Si queremos que eso no suceda, tenemos en puerta un nuevo sistema de justicia, que es a la inversa, primero se investiga, se tienen las pruebas y todos los elementos y después se procesa”, declaró.

Pérez Cuevas, aseguró que se hizo uso de un procedimiento penal en el caso, no de un interés particular de meter a alguien a la cárcel. Además dijo que el proceso está enmarcado dentro de un plano de investigación en el que un juez señala que no hay elementos suficientes, hecho que es parte de un proceso penal, que aunque no guste, es el proceso con el que se cuenta en el país.
El legislador no coincidió con el señalamiento que hizo la PGR de que los funcionarios involucrados en el michoacanazo son culpables, aunque el juez los haya liberado, pues argumentó que para hacer una aseveración de tal magnitud habría que revisar el proceso, conocer los expedientes, las pruebas y las actas.

ALR