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Nota N°. 3590 Presenta Arturo Zamora iniciativa para llevar a juicio político al Presidente de la República

Palacio Legislativo 30-IX-2010 (Notilegis).- Con el objeto de erradicar la impunidad en todos los niveles de gobierno, el diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI) presentó iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Constitución Política y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, afin de llevar a juicio político al Presidente de la República.

“La reforma que se propone sentará las bases para hacer responsable de juicio político al presidente de la República por conductas u omisiones que constituyan ataques generalizados a la libertad del sufragio, haciéndose extensiva dicha responsabilidad a los casos de violación de los procedimientos y las instituciones electorales”.

Al hacer uso de la tribuna, Zamora Jiménez, mencionó que con esta modificación se ampliará la reforma para distinguir y sancionar dos tipos de responsabilidad presidencial: responsabilidad penal y política, violación grave a la Constitución, a las leyes federales o a los tratados internacionales y violación a la libertad del sufragio.

Para ello, dijo se deberá facultar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que esta pueda nombrar una comisión especial compuesta por tres ministros para que averigüe y determine la existencia de alguna una violación grave a la Constitución, esto cuando lo solicite la mayoría calificada de alguna de las cámaras del Congreso de la Unión.

El diputado por Jalisco, declaró que se propone que el Presidente sólo podrá ser acusado por delitos dolosos de orden común durante el tiempo de su mandato y que además dentro de las violaciones se quebrante el desarrollo de la vida institucional de la nación.

Abundó que dentro de los delitos por los que se pueda sancionar al Ejecutivo es por intervenir u obstaculizar el desarrollo de los procesos electorales en las votaciones, escrutinio, cómputo, traslado, entrega de los paquetes, documentación lectoral y el ejercicio de los funcionarios electorales, así como la compra de votos.

También por el impedimento de la adecuada instalación de las casillas, ejercer presión sobre los electores para que voten por algún candidato un candidato o partido y participar en actos de campaña, precampaña o actividades proselitistas con el que se vea favorecido un candidato.

IPC

 
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