Palacio Legislativo 05-X-2010 (Notilegis).-El diputado del PAN, Javier Corral Jurado reveló que ya existe un acuerdo al interior de su fracción parlamentaria para que el próximo miércoles se realice un debate con el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, respecto al tema de la licitación 21, la cual violentó la Constitución.

“Hay una reunión que se ha pactado al interior del PAN, que será el próximo miércoles 13 de octubre, un debate propiciado tanto por la coordinadora, Josefina Vázquez Mota, como por los miembros de la Junta Directiva”, declaró el legislador.

A esta reunión, dijo Javier Corral, seguirá otra en la que el funcionario explique y haga patente su disposición para hablar del tema ante la Comisión de Comunicaciones y Transportes. “Yo pedí que fuera el formato de un debate y que sirva para clarificar las posiciones al interior del PAN, lo que a mí me interesa es que ese debate sea también en la instancia legislativa”.

Un asunto de esta magnitud, siguió el también presidente de la Comisión de Gobernación, debe ser una discusión abierta en donde el funcionario sostenga públicamente lo que sustente en privado.

En entrevista, aseguró que el discurso que utilizó Molinar Horcasitas en su comparecencia, al tiempo que otorgaba la licitación resulta una “burla, un engaño. El secretario faltó a la verdad en cuanto a varias de las cosas que nos dijo; es importante que regrese a este seno a rendir cuentas en términos de sus dichos”.

Sostuvo que el proceso de licitación violentó el artículo 134 de la Carta Magna, el cual establece la obligación para el Estado de asegurarse las mejores condiciones en términos de precio, al enajenar o concesionar bienes del dominio de la nación. “No descarto que el Congreso deba poner una controversia, pues es un mandato constitucional violentado”.

Tenemos, dijo el legislador, múltiples pruebas de que la licitación se hizo a modo, se diseñó para beneficiar a quienes resultaron ganadores del concurso. “Estas conductas son susceptibles de varias vías legales: Una que la Auditoría Superior de la Federación tome a su cargo una auditoría extraordinaria para dar cuenta a la Cámara de Diputados de las omisiones de los funcionarios públicos que generaron un daño al patrimonio por más de cinco mil millones de pesos”.

JZM