Palacio Legislativo 06-X-2010 (Notilegis).- Durante la comparecencia del procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, diputados de las diferentes fuerzas políticas cuestionaron al funcionario la falta de resultados en la estrategia en contra del crimen organizado, ya que hasta la fecha ha dejado 30 mil muertos, además de la falta de contundencia en el “Michocanazo”, y la utilización “electorera” de la figura del testigo protegido.

En su posicionamiento, los diputados del PAN exigieron corresponsabilidad de parte de las entidades federativas y urgieron a fortalecer la prevención del delito, procuración de justicia y la reinserción social.

Al fijar la postura del PRI, el diputado Alfonso Navarrete Prida, dijo que a consecuencia de la violencia en contra del crimen organizado ha debilitado progresivamente a las instituciones de seguridad pública y se han generado en lo que va del sexenio más de 30 mil muertes.

En cuanto al “michoacanazo”, dijo que es “uno de los más graves dislates en la procuración de justicia, un asunto que nos llena de vergüenza y exige puntual explicación ante esta Soberanía”, exigió. También demandó el esclarecimiento de Rodolfo Torre Cantú, ex diputado de esta Legislatura y ex candidato del PRI al gobierno de Tamaulipas.

A nombre del la fracción del PAN, José Luis Ovando Patrón, dijo que se debe revisar el grado de responsabilidad de los gobiernos en materia de seguridad y justicia, porque se habla de “28 mil muertos, pero no definimos con claridad que el homicidio un delito del fuero común, y no es posible que la PGR realice investigaciones más que en la parte que le corresponde”.

Afirmó que en la cadena de justicia se debe fortalecer y analizar de manera sistémica el eslabón de la prevención del delito, procuración de la justicia, e impartición y reinserción social.

Por el PRD, la diputada Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo aseguró que el grave aumento de la violencia, inseguridad, impunidad e inestabilidad que ha dejado la guerra contra el narcotráfico es el reflejo del fracaso de las instituciones encargadas de la seguridad, por lo que se deben implementar políticas públicas para la promoción del empleo, reactivación de la economía, industria y combate a la pobreza.

Además, dijo que ante el abuso de la Procuraduría en la figura del arraigo, los cateos ilegales y el señalamiento de testigos protegidos, es necesario regular este último para evitar que la dependencia sea utilizada con fines políticos y violente el Estado de derecho y las garantías individuales.

Por Nueva Alianza, la diputada Cora Cecilia Pinedo Alonso, señaló que el incremento de los delitos de homicidio, secuestro, narcotráfico, robo y trata de personas, son un reflejo de la falta de resultados de la Estrategia Nacional de Seguridad tras el aumento de la tasa delictiva, además de los actos de corrupción e impunidad en las instituciones que siembran desconfianza en la sociedad.

La diputada aseguró que el aumento del narcomenudeo y el crimen organizado durante los últimos años ha encontrado un excelente “caldo de cultivo” entre la niñez y la juventud “porque es visible la distribución, venta y consumo de psicotrópicos y estupefacientes”.

Del PVEM, el diputado Eduardo Ledesma Romo, dijo que ante el crecimiento de los índices delictivos y la escalada de violencia, lo que más exige la ciudadanía es seguridad.

Manifestó su preocupación por la trata de personas y el secuestro de migrantes. “Estas conductas dañan gravemente a la dignidad del ser humano. Existe una tendencia creciente de secuestro de migrantes, y alcanza más de mil 600 secuestrados por mes”.

Por el PT, su coordinador Pedro Vázquez González, dijo que a pesar de los recursos materiales, financieros y jurídicos para combatir la delincuencia organizada no se han tenido resultados en la guerra que el gobierno declaró a las asociaciones criminales, además de que la militarización del país no ha ayudado a la desarticulación.

En relación al “michoacanazo”, el diputado resaltó la falta de contundencia en las pruebas presentadas, toda vez que el uso del arraigo, violaron los derechos humanos de los 32 funcionarios que fueron señalados por tener presuntos nexos con la delincuencia organizada, de los cuales 31 ya fueron liberados.

IPC/JZM