Palacio Legislativo 12-X-2010 (Notilegis).- El secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoria Superior de la Federación, Mario Di Costanzo Armenta (PT), presentó una iniciativa para que se castigue con penas de hasta 8 años de prisión a los funcionarios públicos que mientan o proporcionen datos inexactos en sus respuestas ante una instancia legislativa.

En la sesión de hoy, el petista pidió que se tipifique como delito cuando un funcionario falte a la verdad, a fin de fortalecer la rendición de cuentas, por lo que estima penas de 4 a 8 años de prisión.

Di Costanzo advirtió que prácticamente es una “regla general” que los secretarios de Estado que comparecen ante las cámaras del Congreso no dan respuesta veraz a los cuestionamientos de los legisladores.

Por ello, “las comparecencias se tornan en un monólogo de dos partes: en la primera, el legislador que formula preguntas; y en la segunda, el servidor público evade respuestas puntuales y precisas, limitándose a hablar hasta que su tiempo se agota.

“Como se ha visto en las últimas semanas, se han dado comparecencias y el común denominador es que los integrantes del gabinete vienen a decir lo que se les da la gana sin castigo alguno”.

Subrayó que la mejor muestra de lo anterior, la dio el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, pues “a pesar de haberle dicho a la Comisión del ramo que no entregaría las concesiones de la Licitación 21, lo hizo. Si esta modificación existiera, ya estaría bajo algún procedimiento penal”.

La iniciativa adiciona una fracción II, al artículo 247 del Código Penal Federal, y se adiciona el numeral 37 a la fracción I del artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales.

Servirá, dijo el legislador, para salvaguardar la dignidad de Congreso de la Unión, y evitará que los servidores públicos citados a comparecer “vengan a mentir sin que se les puedan imputar responsabilidades”.

JZM