Palacio Legislativo 31-X-2010 (Notilegis).- La diputada de Nueva Alianza, Elsa María Martínez Peña, solicitó al secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal, reelaborar el padrón de trabajadores de la educación, el cual fue publicado en el pasado mes de julio, al considerar que se dejó de lado variables clave de la forma en que se organiza y opera el gremio educativo, lo cual impide una lectura imparcial de su estructura.

“El diseño del Padrón Docente dejó de lado variables clave de la forma en que se organiza y opera el gremio educativo, lo que impide una lectura imparcial e informada y, por si fuera poco, no se han considerado diversas circunstancias que limitan la labor docente”, aseguró.

El padrón docente contempla un total de trabajadores, en donde muchos de ellos es personal administrativo, es decir se hace un conteo general y no diferencia entre trabajadores administrativos y maestros, razón por la cual se da a conocer una cifra abultada de maestros por parte de la SEP. El padrón no detalla qué parte del total del magisterio se dedica a áreas administrativas u operacionales, incluso que algunos de ellos están asignados a la Secretaría de Educación de los estados.

A través de un punto de acuerdo, la legisladora señaló: “En Nueva Alianza estamos a favor de promover ejercicios democráticos como éste, pues implican rendición de cuentas y ello sin duda contribuye a mejorar la calidad de la educación del país; pero estamos en contra de que dichos ejercicios sean utilizados con poca seriedad, que su análisis no se traduzca en rediseños efectivos de la política educativa; pero sobre todo, que afecte de manera irresponsable la credibilidad e imagen de los docentes.

Martínez Peña abundó que debido a la falta de profundidad en la forma en que está conformado el padrón magisterial, ha ocasionado que en fechas recientes los maestros han sido duramente criticados y estén expuestos en el ojo del huracán.

Por lo anterior, dijo que para combatir la baja calidad, el uso ineficiente de los recursos, la opacidad, entre muchos otros elementos que afectan al quehacer educativo, los legisladores deben pugnar por insumos de calidad que permitan la generación de políticas públicas efectivas en la materia.

“Conformarnos con observar un desfile de información incompleta, que lejos de ser útil para el diseño de una política educativa integral, es usado para desprestigiar la labor docente es inaceptable. No podemos dejar ir la oportunidad que nos da la información para trazar nuevos y mejores rumbos para nuestros profesores, niños y jóvenes estudiantes”, precisó.

ALR