Palacio Legislativo 03-XI-2010 (Notilegis).- El diputado Jaime Fernando Cárdenas Gracia (PT) presentó el punto de acuerdo para que el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín presente en tiempo y forma una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberá sujetarse Petróleos Mexicanos y sus organismos subsidiarios.

El diputado del PT aseguró que la razón principal para presentar dicho punto de acuerdo es debido a que en el modelo de contrato de venta de primera mano se violan los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, cuando éstos establecen que solamente el sector público y los mexicanos pueden explotar la industria petrolera en todas sus fases.

“Se trata del planteamiento de una controversia constitucional en contra de las disposiciones administrativas de carácter general a las que deberán de sujetarse Pemex y sus organismos subsidiarios respecto a la venta de primera mano destinada al mercado nacional de petrolíferos, con excepción del combustóleo, petroquímicos básicos y del gas y respecto a su primer acto de aplicación que fue la emisión del modelo de contrato de venta primera mano”, explicó.

Indicó que también no son respetadas las atribuciones del Congreso de la Unión, luego de que el artículo 73 señala que es competencia exclusiva del Poder Legislativo la materia de hidrocarburos.

“Además se violan una serie de disposiciones legales como es el artículo 14 Bis de la Ley Reglamentaria del artículo 27 de la Constitución, en el ramo del petróleo que establece que las franquicias de venta de primera mano de petrolíferos se deben de realizar con exclusión de extranjeros”, puntualizó.

El legislador promovente solicitó que la proposición fuera turnada a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y una opinión favorable de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados, con el objetivo de que el presidente de la Mesa Directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín, plantee en tiempo y forma la controversia constitucional “que salvaguarde los derechos de los mexicanos y las competencias del Congreso de la Unión”.

El punto de acuerdo se turnó a la Jucopo para efectos de la consulta de la Dirección Jurídica de la Cámara de Diputados.

ASC