Palacio Legislativo 13-XII-2010 (Notilegis).- A fin de garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, la diputada Teresa Incháustegui Romero (PRD) hizo un llamado para armonizar las leyes, con el objeto de que las mujeres tengan acceso a la justicia y reparación del daño.

La presidenta de la Comisión Especial para conocer y dar seguimiento penal y exhaustivo a las acciones que han emprendido las autoridades competentes en relación a los Feminicidios registrados en México, indicó que se requiere aplicar los criterios de igualdad en los códigos penales de todos los estados.

Durante la inauguración del foro “Armonización Legislativa Penal en Materia de Violencia contra las Mujeres”, la legisladora llamó a todas las fuerzas políticas representadas en la Cámara de Diputados a realizar un esfuerzo conjunto para que las propuestas de erradicar la violencia de género se incorporen en la legislación nacional.

Al hacer uso de la palabra, Laura Carrera Lugo, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, aseguró que no es necesario crear nuevas leyes para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, sino subsanar las que ya existen.

De acuerdo a la encuesta nacional sobre dinámica de las relaciones en el hogar 2006, señala que siete de cada 10 mujeres, es decir, 67 por ciento sufrieron algún tipo de violencia emocional, física o sexual en algún momento de su vida, siete de cada 10 fueron victimas de violencia emocional, seis de cada 10 violencia económica y tres de cada 10 mujeres sufrieron violencia sexual.

Además, en el año 2009 se realizó una investigación comparativa en el Distrito Federal, Estado de México y Jalisco, a cargo de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujeres, donde de 7 mil casos anuales por los que se abre una investigación por violencia intrafamiliar en cada estado, sólo 28 se consignan, es decir, 0.4 por ciento del total de las denuncias son atendidas.

En Jalisco y el Distrito Federal, las autoridades se encargan de impartir justicia, dan puntual seguimiento a quienes han sufrido violencia; aquí se prevé la existencia de una cultura de llevar a juicio los casos que cuentan con suficientes pruebas para dar sentencia, mientras que en el Estado de México los juicios que hacen los ministerios públicos son ineficaces, esto por la falta de capacitación en la materia.

Los obstáculos que hay en la legislación revelan que el derecho de las mujeres a la vida no esta penalmente garantizado, es decir, que la ley no es específica las diversas formas de violencia.

Por ello, se requiere que las normas jurídicas sean el principio de igualdad y no discriminación, para que sean el punto de partida que permitan identificar las causas de la desigualdad, el lenguaje sexista, la ideología y estereotipos que impiden el acceso a la justicia sin discriminación de género.

IPC