Palacio Legislativo 15-XII-2010 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 361 votos modificaciones a diez artículos de la Constitución Política que fortalecen el ejercicio de los derechos humanos en el país, otorga más facultades a la CNDH para investigar violaciones graves a las garantías individuales y se amplía su atribución para indagar en temas laborales.

El dictamen previamente analizado en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Derechos Humanos, propone cambiar la denominación del Capítulo I del Título Primero de la Constitución, para quedar: “De los Derechos Humanos y sus Garantías”, y ya no más de las garantías individuales, para hacer concordante el título de este capítulo con los artículos que propone reformar.

Se establece que el Estado debe prevenir, sancionar y reparar las violaciones graves a los derechos humanos. Se definen que son los reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país, y además se añade el principio internacional de que la interpretación de la Constitución y sus leyes siempre debe ser en las mejores condiciones y a favor de los ciudadanos.

En el artículo tercero se determina que la educación deberá fomentar el respeto a los derechos humanos, en el onceavo se consagra el derecho de asilo y refugio. En el 15 prohíbe la suscripción de tratados que menoscaben los derechos humanos, el 18 obliga al sistema penitenciario a organizarse bajo la base de respeto a los mismos.

En el artículo 29 se introducen importantes disposiciones, al definir los derechos que no pueden suspenderse ni restringirse aún en una situación de excepción como: la no discriminación, el reconocimiento a la personalidad jurídica, a la vida, integridad personal, protección de la familia, al nombre, a la nacionalidad, derechos de la niñez, derechos políticos, libertad de pensamiento, conciencia y de profesar creencia religiosa.

Además, se contempla “el principio de legalidad y retroactividad; la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre; la prohibición de la desaparición forzada y la tortura.

En el artículo 33 se limita la facultad del Ejecutivo para hacer salir del país a extranjeros, previa audiencia, a través de un procedimiento que establece la ley. Como principio de política exterior se agrega en el artículo 89 el respeto, la promoción y protección de los derechos humanos.

Del artículo 97 se elimina la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para investigar casos graves de violaciones a los derechos humanos para otorgársela a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el ejercicio de esa facultad autoridad alguna no podrá negarle información, el desarrollo y desahogo del procedimiento le corresponde al Consejo Consultivo.

En el artículo 102 se fortalece la protección no jurisdiccional de los derechos humanos al establecer que las autoridades tienen obligación de dar respuesta a la CNDH, quien no las acepte deberá manifestarlo públicamente. El Senado puede hacer comparecer a quienes no hayan aceptado alguna recomendación o no la cumplan para que expliquen públicamente sus razones.

Se amplía la competencia de la Comisión para conocer también de violaciones a los derechos laborales y se determina que las legislaturas de los estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán garantizar en la Ley Autónoma de los órganos protectores de los derechos fundamentales. Asimismo, se establece la elección del titular de la CNDH y los integrantes del Consejo Consultivo, a través de un procedimiento de consulta pública transparente.

Por último, en el artículo 105 se amplían las facultades de la Comisión para interponer controversia constitucional contra tratados internacionales que limiten derechos humanos.

“La reforma tiene un espíritu protector, marcha en la misma vía que las normas de carácter internacional y es fruto de la participación de organismos internacionales y de nacionales no gubernamentales. Debemos felicitarnos por este paso tan trascendente en la defensa de los derechos humanos de los mexicanos”, dijo Alfonso Navarrete Prida (PRI), al fundamentar el dictamen.

ALR