Palacio Legislativo 17-XII-2010 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Alfonso Navarrete Prida (PRI), afirmó que es una “vergüenza” que la PGR informe que en lo que va del sexenio van 30 mil 196 ejecutados, cuando el nivel de esclarecimiento de estos homicidios es mínimo, lo que demuestra que existe negligencia y omisión por su “enorme inconsistencia en la capacidad de ejercicio y de esclarecerlos del gobierno federal”.

“Hay una enorme inconsistencia en la capacidad del gobierno federal para procesar y esclarecer asuntos. Debemos señalar con claridad que ni siquiera cumplen con la obligación legal de guardar secrecía de la averiguación previa e inmediatamente tachan a las víctimas de una ejecución como si fueran delincuentes”, advirtió el también integrante de la Comisión de Justicia.

Sobre esta cifra, dijo que es un nivel “verdaderamente alarmante, pues hay más muertos que en varias guerras que se han suscitado entre países, pero lo más grave es que hay cero esclarecidos”, sentenció el diputado del PRI.

En ese sentido, declaró que en el porcentaje de ejecuciones que la Procuraduría General de la República dio a conocer, las esclarecidas son un mínimo, por lo que calificó de “una vergüenza que una institución se atreva a señalar cuantos ejecutados hay y que diga que el 99 por ciento de los casos se trataba de delincuentes”.

Explicó que las autoridades que se encargan de investigar las ejecuciones, argumentan y aducen que los muertos son integrantes del crimen organizado, cuando ni siquiera especifican a qué cártel pertenecía. Argumentó que existe una grave negligencia porque no se investiga y a veces se guarda silencio administrativo.

“Todos lo dejan en la sombra de la sospecha, simplemente que es crimen organizado y se están matando entre ellos. Eso es una vergüenza, el problema de las ejecuciones y la violencia en México seguirán creciendo en la medida en que no haya resultados de la autoridad y sea tan ineficaz y mediocre el trabajo que desarrolle”, precisó el legislador.

Dijo que a pesar de los llamados del Poder Legislativo para que se replantee la estrategia y las políticas públicas en contra del crimen organizado, continúa “la ineficacia de las instituciones para hacer justicia, esclarecer asuntos e investigar. Ése es un problema endémico que es absoluta responsabilidad del gobierno federal”.

JZM