Palacio Legislativo 30-XII-2010 (Notilegis).- La diputada del PVEM, Caritina Sáenz Vargas, presentó una iniciativa para modificar la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes, para que los recursos de que provengan de decomisos a la delincuencia se destinen de manera proporcional al Poder Judicial, a la Procuraduría General de la República, a las secretarías de Educación Pública y de Salud.

La propuesta considera que cada una de estas dependencias deben obtener el 25 por ciento de los bienes incautados, a fin de fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones en los sistemas penitenciarios, así como revertir los daños ocasionados por el tráfico de drogas.
Para tal fin, se reformarían los artículos 9 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes y el artículo 4 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

El principal objetivo de las reformas es que los recursos decomisados a la delincuencia no queden sujetos a decisiones unilaterales y circunstanciales de ningún mandatario.

Propone que el 25 por ciento que se destine al Poder Judicial sirva para fortalecer los programas de rehabilitación contra las adicciones dentro de los sistemas penitenciarios del país, y respaldar el fondo de apoyo de la administración de justicia.

Sáenz Vargas indicó que los recursos que se le asignen a la Procuraduría General de la República (PGR) deberán destinarse al Fondo para la Atención de Víctimas de Secuestro.

Para la Secretaría de Educación Pública (SEP) el 25 por ciento que le corresponda será para brindar becas a los hijos de las familias víctimas de la delincuencia organizada.

En la exposición de motivos, la legisladora señala que la parte proporcional que le corresponda a la Secretaría de Salud, permitirá modernizar el equipo e infraestructura, así como en la contratación de personal capacitado para atender los Centros de Apoyo y Rehabilitación para Prevención de Adicciones.

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