Palacio Legislativo 26-01-2011(Notilegis).- Ante el Pleno de la Comisión Permanente, el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Raúl Plascencia Villanueva, criticó la estrategia del gobierno federal en el combate a la delincuencia, ya que ha provocado la muerte de 111 personas no involucradas con delito alguno. “La inseguridad pública no es una excusa válida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”, subrayó.

Afirmó que en 2010, la sociedad experimentó momentos difíciles que se caracterizaron por un enfrentamiento entre autoridades de seguridad pública y la delincuencia organizada, que provocó un incremento de muertes violentas, siendo éste el más alto en los últimos años.

Señaló que esta situación provocó una injusta afectación en al esfera de los derechos y las libertades y de las personas ajenas a la delincuencia. El año pasado 111 personas inocentes no vinculadas con delito alguno perdieron la vida en operativos de seguridad pública, en la inmensa mayoría de los casos aún guarda se haga justicia.

Plascencia Villanueva expuso que las estrategias de seguridad pública requieren de una constante evaluación para determinar su funcionalidad y la conveniencia. El recuento de los logros y desatinos permitirá rescatar lo positivo y enmendar las fallas.

“Un aspecto necesario en esta evaluación debe ser el respeto a los derechos humanos, ya que la inseguridad pública no es una excusa valida para pretender justificar la vulneración de los derechos humanos”.

Indicó que la CNDH recibió en el 2010 un total de 16 mil 066 quejas de las cuales 6 mil 266 fueron calificadas como presuntas violaciones a los derechos humanos y las autoridades más frecuentemente señaladas fueron: la Secretaría de Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, el Instituto Mexicano del Seguro Social, la Procuraduría General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Marina.

El titular de la CNDH explicó a los legisladores que otro de los problemas más complejos de superar durante los problemas del 2010, fue la resistencia manifiesta de algunos servidores públicos para reconocer las responsabilidades que se les atribuyen.

“Es lamentable el discurso de algunos que condenan la causa de los derechos humanos, como si el quebrantamiento del Estado de derecho garantizará el futuro del país”, expresó.

Mencionó que entre las autoridades que no aceptaron las recomendaciones se encuentran: la Secretaría de Marina, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Seguridad Pública, Petróleos Mexicanos , los gobernadores de los Estados de Chihuahua y San Luis Potosí; los congresos locales de Chiapas, Oaxaca y Veracruz; asimismo los ayuntamientos de Acatlán, Puebla, Metlatonoc u Chilpancingo de los Bravos, Guerrero, Guadalajara, Jalisco, San Juan Yatzona y Santa María Yalina, Oaxaca, San Juan Evangelista y Agua Dulce, Veracruz.

Por lo anterior, hizo un llamado a todas las autoridades y servidores públicos de los tres órdenes de gobierno que no aceptaron las recomendaciones emitidas , “para que asuman el mandato encomendado por la sociedad como un servicio en beneficio del Estado de derecho”.

Al término de la lectura del informe del titular de la CNDH, el presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Jorge Carlos Ramírez Marín, turnó el documento a las Comisiones de Derechos Humanos de ambas cámaras para revisión del mismo.

ALRG