Palacio Legislativo 29-01-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Humberto Benítez Treviño, anunció que presentará una reforma para modificar “desde el texto constitucional” la naturaleza del arraigo, a través de una nueva denominación y descripción, “consolidándola como medida cautelar al imputado” y fortalecer la debida procuración de justicia en materia de delincuencia organizada.
Explicó que se necesita regular la naturaleza del arraigo, generar una figura que fortalezca la investigación del Ministerio Público, acotar la competencia y características de su otorgamiento.

El diputado Benítez Treviño planteó la necesidad de que un probable responsable, partícipe o imputado, prevalezca en un lugar determinado, siempre que se trate de delitos de delincuencia organizada, como medida cautelar, la cual se propone a través de un nuevo marco de regulación.

Asimismo, se delega en exclusiva a los Magistrados Unitarios de Circuito la facultad de otorgar o negar la implantación de la medida cautelar, además de que se genera un marco propicio para atender las recomendaciones realizadas por organismos internacionales especializados en la materia.

El presidente de la Comisión de Justicia observó que en el Proyecto de Decreto se regula el arraigo como parte del Sistema de Justicia Penal mexicano, y que su propuesta fue avalada por el Grupo Parlamentario del PRI, durante la reciente reunión de Acapulco, Guerrero.

Explicó que se atribuye el calificativo de delincuencia organizada a quienes incurran en la comisión de cualquier tipo de delito o delitos contemplados en la Legislación Penal, cualesquiera que sea la naturaleza de éstos, “con el simple requisito de que quienes los realicen reúnan las características propias de este tipo de organización delictiva; no limitando tal carácter solamente a los delitos señalados como tales actualmente en la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada”.

Se propone, asimismo, eliminar la procedencia de la condición a testigos y víctimas. Con la regulación, se da cumplimiento a los principios de libertad personal, legalidad, seguridad jurídica, del debido proceso, de libertad de tránsito y pro-persona, “considerablemente vulnerados en la forma en que actualmente se aplica el arraigo”.

Se traslada del Código Federal de Procedimientos Penales a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, toda referencia relacionada con la tramitación y ejecución de la medida cautelar.

ALRG