Palacio Legislativo 01-03-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), presentó una iniciativa para regular, acotar y precisar el arraigo, para evitar que atente contra las garantías constitucionales y rompa el principio de presunción de inocencia, con lo que se eliminará su aplicación en testigos y victimas.

“Que la figura del arraigo sea un instrumento de investigación y un elemento de juicio para la averiguación previa y no en castigo para los ciudadanos en los que se presume el principio vital de la presunción de inocencia”, declaró el legislador.

Explicó que la reforma pretende que el arraigo solamente se aplique a los imputados, puesto que en la actualidad también se emplea en víctimas y ofendidos. “Solamente deben ser arraigados los probables responsables o imputados”, precisó.

Pese a ello, dijo que el arraigo es una herramienta útil en la investigación ministerial, que lejos de conculcar derechos procesales, garantiza la certeza jurídica en la investigación.

Reveló que la propuesta determina los requisitos que debe contener la solicitud de arraigo del Ministerio Público; y especifica las competencias y atribuciones en la materia, con lo que se evita duplicidad de funciones, exacerbación y abuso de la autoridad administrativa.

Benítez Treviño apuntó que se regula la existencia de instituciones creadas ex profeso para arraigos y elimina esa figura en delitos graves del fuero federal, con lo que la figura será exclusiva para el delito de delincuencia organizada.

Con la modificación, dijo el diputado priista, se establecerían tres modalidades de la figura: el arraigo en instalaciones adecuadas; el arraigo domiciliario, es decir la prohibición de ir a un lugar determinado; y la prohibición de no salir de una comunidad mediante la utilización de localizadores electrónicos.

Se expone la solicitud de arraigo que haga el Ministerio Público deberá establecer los elementos o indicios que vinculen directamente a la persona sobre quien se solicita la medida; además de precisar la organización delictiva de la que se presume ser parte.
La reforma propone modificaciones a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley de la Procuraduría General de la República, la Ley del Poder Judicial de la Federación, y la Ley de Amparo y fue turnada a la Comisión de Justicia.

JZM