Palacio Legislativo 03-03-2011 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con 396 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención, reformas para tipificar como delito grave el robo de hidrocarburos, el cual será sancionado con penas que van de 4 a 10 años de prisión, y una sanción de hasta 12 años cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

La minuta modifica el Código Penal Federal, el de Procedimientos Penales y la Ley contra la Delincuencia Organizada; es en ésta última, en la que se ordena que los detenidos sean procesados como integrantes de la delincuencia organizada.

Las sanciones previstas para quienes resguarden de manera ilícita petróleo crudo o alguno de sus derivados en una cantidad menor a 300 litros, irán de seis meses a dos años de prisión y 500 mil días de multa.

Cuando la cantidad sea mayor a los 300 litros y menor a mil, se impondrán de dos a cuatro años de cárcel; en el caso del robo de mil o más litros de combustible, habrá penalidades de cuatro a 10 años de prisión y multas de hasta 12 mil días de salario mínimo.

Igualmente, se prevén castigos de tres a 10 años de cárcel a quien altere los instrumentos de medición utilizados para enajenar o suministrar los hidrocarburos o sus derivados.

De la misma forma, castiga hasta con seis años de cárcel y con 500 mil días de multa a quien enajene o suministre, mediante la alteración de bombas despachadoras de gasolina y diesel, una cantidad inferior desde 1.5 por ciento a la que aparece en los instrumentos de medición.

Además, da 12 años de cárcel y doce mil días de multa a la persona que robe directamente de ductos, equipos o instalaciones de Pemex, sus subsidiarias o filiales.

La penalidad anterior se verá incrementada hasta en una mitad cuando el procesado sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera.

Dentro de las modificaciones se faculta al Ministerio Público para que se encargue de vigilar el aseguramiento del hidrocarburo sustraído y su posterior entrega a la paraestatal o sus subsidiarias.

Al fundamentar la minuta, el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI), aseguró que la reforma es un “parteaguas” en la defensa de los recursos de la nación, que defenderá no sólo a la paraestatal nacional, sino la riqueza “de todo el pueblo de México”.

Dijo que el creciente índice de este delito equivale “con el precio que el petróleo registra hoy, recursos por 800 mil dólares diarios”. Más aún, dijo Benítez Treviño, esta actividad ilícita atenta contra la seguridad de los mexicanos “porque el uno por ciento del petróleo que se extrae carece de medidas de seguridad y pone en riesgo a toda la población”.

Desde la máxima tribuna, el diputado del PAN, Óscar Martín Arce Paniagua, reveló que las pérdidas estimadas por este delito son de 10 millones de dólares diarios, y suman 3 mil millones de dólares en un año; pese a ello, las “tomas clandestinas registran un aumento en más del 80 por ciento en tan sólo 5 años”.

“Agravando esta pena de robo de hidrocarburos, vamos a responder fuertemente en contra de lo que se ha convertido en negocio de la delincuencia organizada. En las denuncias y detenciones por robo de hidrocarburos, en más de la mitad de los casos, se ha comprobado su relación directa, y que se ha obtenido en la incautación de droga u otro elemento que señala la Ley Federal de Delincuencia Organizada o delitos contra la salud”.

Lo anterior fue respaldado por el coordinador del PT, Pedro Vázquez González, quien reiteró que en su mayoría, las personas que cometen el robo de hidrocarburos pertenecen a organizaciones criminales que cuentan con los recursos necesarios para adquirir la maquinaria que sustrae el combustible.

“Nuestra obligación es salvaguardar la propiedad de la nación sobre sus recursos naturales”, aseguró Pedro Vázquez, tras aclarar que con la reforma los procesados por este delito no podrán obtener la libertad caucional.

En voz del presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Arturo Santana Alfaro (PRD), expuso que la reforma incorpora la descripción de conductas delictivas que no tenían tipificación y por ende, punibilidad.

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