Palacio Legislativo 12-03-2011 (Notilegis).- La Comisión de Asuntos Indígenas, que preside el diputado Manuel García Corpus (PRI), tiene prácticamente listo el dictamen para expedir la “Ley de Consulta a los Pueblos y Comunidades Indígenas y el Derecho Internacional”, con el fin de establecer una nueva relación entre el Estado y las etnias, ya que serían partícipes de proyectos y programas de gobierno, como el Plan Nacional de Desarrollo.

Explicó que el Estado estará obligado a informar previamente a los indígenas sobre los planes que pretenda instrumentar y crear condiciones no sólo para obtener el consentimiento de ellos, sino para que participen en los grandes proyectos nacionales que se relacionan con el Plan Nacional de Desarrollo y los planes de este tipo estatales y municipales.

El proyecto de ley no limita la rectoría del Estado en materias de expropiación y concesiones, pero sí establece normas que evitarían que continúe el despojo de los recursos naturales asociados a los pueblos indígenas, subrayó.

También, fija procedimientos que moderan la actuación de las autoridades federales, estatales o municipales, para evitar con ello abusos.

En entrevista, el legislador explicó que la ley además establecerá una nueva relación entre el Estado y los indígenas, sin que sea de subordinación, sino respetuosa y será un instrumento jurídico que sirva para armonizar las decisiones del gobierno y la participación de las comunidades indígenas para mejorar la calidad de vida de éstas, al “compartir ganancias en obras de infraestructura, carreteras, medio ambiente, agronegocios y de ecoturismo”.

“Esta ley es generosa busca el bien supremo de todos, busca dar al Ejecutivo un instrumento que le permita tener una relación respetuosa con los indígenas, ya que este sector tendrá la posibilidad de expresar su derecho a la información, a la libre determinación y al consentimiento previo e informado, externó”.

García Corpus, manifestó que se han generado conflictos a lo largo y ancho del país ante la falta de conocimiento previo de de los proyectos que se pretenden desarrollar, ante ello, los indígenas reaccionan negativamente porque los consideran imposiciones del Estado.

Así, las decisiones que puedan ser de beneficio para los pueblos se transforman en motivo de discordia en las comunidades.

Recordó los casos del aeropuerto de Atenco, los problemas de minas e hidroeléctricas, que aún cuando las acciones del gobierno mexicano pueden ser positivas para el país, se ven trabadas, se consideran una agresión hacia los pueblos en su forma de vida, la preservación de sus ecosistemas, cuidado del medio ambiente, lo que comúnmente deriva en conflictos.

La ley de Consulta se complementa con la Ley de Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas que vamos a tratar de que se aprueben en este periodo legislativo, apuntó.

SA