Palacio Legislativo 13-04-2011 (Notilegis).- Diputados de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, impulsarán la creación de una Ley General de Libertad de Expresión, cuyo principal enfoque sea la seguridad de los que ejercen ese oficio.

El diputado Jaime Cárdenas Gracia (PT) se pronunció porque la recién creada fiscalía quede insertada en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, y no sólo en el reglamento.

“Nosotros le podríamos ayudar con algún borrador para insistir en una reforma a la Ley Orgánica de la PGR y no sólo estar en el reglamento, sino que en la propia Ley que se contemplen las competencias de la fiscalía. Eso le daría mayor certeza jurídica”.

En el mismo sentido se manifestó el diputado Carlos Flores Rico (PRI), quien lamentó la falta de lineamientos que otorguen mayores recursos técnicos y financieros a la fiscalía, en comparación con países como Colombia, que recibe alrededor de 70 millones de dólares para ese apartado.

En reunión de trabajo con el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas de la PGR, Gustavo Salas Chávez, la Comisión expuso que el primer paso para la creación de la Ley es lograr una reforma a la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución que establezca las competencias del municipio, estado y federación en materia de delincuencia organizada.

Luego de que el fiscal señaló que la organización a su cargo no cuenta con los recursos técnicos para cumplir con su objetivo, los diputados se manifestaron por incluir su caso en la discusión del Presupuesto 2012, para que pudieran asignarse recursos etiquetados para la PGR.

Gustavo Salas Chávez informó a los legisladores que uno de los más graves problemas que ha encontrado la fiscalía, es la poca voluntad de los gobiernos estatales y municipales a proporcionar información sobre desaparición u hostigamiento a los medios de comunicación.

Asimismo, indicó que dado que el 90 por ciento de las amenazas a los periodistas son vía electrónica, el organismo tiene que solicitar a las compañías de comunicación información de sus servidores, y ante la falta de una legislación que los obligue a cooperar, muchas solicitudes quedan sin respuesta.

AMR