Palacio Legislativo 15-04-2011 (Notilegis).- El diputado Arturo Zamora Jiménez (PRI), integrante de la Comisión de Justicia, dijo que la creación de cárceles de “supermáxima” seguridad es una respuesta desesperada a la impotencia del Ejecutivo federal de no poder frenar la inseguridad que impera en el país, porque esto no inhibe el delito y para ello se requiere combatir los índices de corrupción y de impunidad en las instituciones federales.

Agregó que el problema de crear más cárceles es que las prisiones han generado más costos, más violencia y las bandas delictivas han sofisticado más sus sistemas de operación, situación que ha crecido en los últimos 10 años. “El costo de los presos en el país es muy alto; no es una inversión, por persona se gasta mucho más dinero en el sistema penitenciario que en el sistema educativo, incluso, de posgrado”.

Por su parte, el secretario de la Comisión de Justicia, Martín Arce Paniagua (PAN), consideró necesario y viable la creación de penales y la incorporación de de jueces de ejecución, con el objeto de que el sistema de justicia mexicano adopte medidas especiales para perseguir a los grupos del crimen organizado y que éstos no sigan operando.

“Definitivamente, es necesaria la creación de penales de máxima y supermáxima seguridad. La modernización de los penales es un tema que no ha dejado de lado el Presidente; sin embargo, se requerirán recursos adicionales y lo tenemos que hacer y la ejecución de sentencia no se puede dejar pendiente”, comentó.

También, el integrante de la Comisión de Seguridad Pública, Arturo Santana Alfaro (PRD) enfatizó que en lugar de proponer penales de “súpermáxima” seguridad, se debe realizar una reestructuración del sistema penitenciario que lleve consigo la profesionalización y capacitación de su personal, del fuero federal y del fuero común.

Sin embargo, dijo: “Vamos a estudiarla con mucho detenimiento, para efectos de verificar que no constituya algún vicio de inconstitucionalidad o violación de garantías individuales, que son dos temas fundamentales para el marco jurídico mexicano”.

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