Palacio Legislativo 26-04-2011 (Notilegis).- La Comisión de Economía acordó crear un grupo de trabajo para que en coordinación con la Comisión de Energía, analicen en qué se basa el Ejecutivo federal para establecer las tarifas del servicio de luz, ante la diversidad de precios.

La propuesta fue hecha por el diputado Guillermo Raúl Ruiz de Teresa (PRI), quien lamentó que el Congreso de la Unión no tenga la información por parte del Ejecutivo federal para saber en qué estructura tarifaria se basa la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para establecer los precios de dicho servicio.

En ese sentido, también los diputados aprobaron la propuesta del legislador David Penchyna Grub (PRI), quien pidió a la Comisión realizar un punto de acuerdo por el que se solicite a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público la estructura de la construcción tarifaria de los diferentes servicios públicos del Gobierno federal.

“Este país merece saber qué paga por un kilowatt de luz, por un litro de gasolina, la facultad de fijar precios y tarifas es del Ejecutivo federal, pero creo que la facultad del Legislativo por lo menos está en pedirle la información en la que se basa para fijar precios y tarifas”, dijo.

Asimismo, la Comisión de Economía aprobó la minuta con proyecto de decreto que reforma y adiciona el Código Federal de Procedimientos Civiles, el Código Civil Federal, la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, para terminar con la ausencia de las acciones colectivas en el marco legal mexicano.

El presidente de la Comisión de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal (PRI), explicó: “La minuta permitirá que no todos tengan la obligación de ir a un juicio cuando haya un daño ocasionado a distintos individuos, pues tan sólo con que un grupo sea el que promueva y gane un proceso, dicha resolución automáticamente favorece a todos aquellos individuos afectados”.

Lo anterior, dijo, reduce los costos de representación ante el Poder Judicial para poder proteger los derechos al consumidor. El diputado destacó que se evitará que los procesos se judicialicen y existan altos costos económicos a las empresas.

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