Palacio Legislativo 27-04-2011 (Notilegis).- El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 390 votos a favor, 5 en contra y 4 abstenciones, adicionar una fracción XIV al artículo 33 de la Ley General de Educación, con el propósito de dotar de útiles escolares a alumnos de educación básica procedentes de familias en situación de pobreza extrema.

El documento señala que es obligación de los gobiernos federal, estatal y municipal otorgar útiles a los alumnos de educación básica de las familias en situación de pobreza multidimensional extrema; con ello se cumplen las medidas que ayuden a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en la igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos.

El dictamen enviado al Senado de la República establece que se debe “proporcionar un paquete de útiles escolares, determinado a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la autoridad educativa federal, a los alumnos de educación básica pertenecientes a grupos de población ubicados en las zonas de atención prioritaria definidas en los términos que establece la Ley General de Desarrollo Social”.

Avalado por los diputados integrantes de la Comisión de Educación, el dictamen señala que la dotación de útiles escolares es una medida para cumplir con la obligación y gratuidad que el Estado debe dar en el sistema educativo básico, para que las familias reduzcan los gastos de inscripciones, material educativo durante el ciclo escolar, uniformes, calzado y transporte.

Para conocer el impacto del paquete de útiles se tomaron como referencia las cifras del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de alumnos de educación básica que vivían en las entidades de mayor pobreza y rezago social, es decir, 6 millones 240 mil 173 niños, y el costo anual de los paquetes escolares proporcionados por el Programa Oportunidades es de 290 pesos para primaria y de 365 pesos para secundaria.

De acuerdo con lo anterior, de enfocar el programa a alumnos de educación básica en situación de pobreza y rezago social, se estima un impacto de 2 mil 174 millones 941 mil pesos para el año 2012.

IPC/