Palacio Legislativo 20-07-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN, coincidió con el Secretario de Marina, Francisco Saynez, en el sentido de que se deben aprobar en la Ley de Seguridad Nacional las bases jurídicas que protejan su participación en el combate a la delincuencia. “Se deben establecer las bases en la ley sobre las facultades del Ejército en tareas de seguridad pública”, dijo.

Reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas en apoyo a las corporaciones que, en su opinión, “lo único que han entregado son buenas cuentas y excelentes resultados. El combate a los criminales es en buena parte a la participación de las Fuerzas Armadas; los casos lamentables de errores y violaciones son menores y mínimos, en comparación a lo que nos han apoyado entonces”, afirmó.

Agregó que el incremento de las Fuerzas Armadas en los últimos días en diversos estados de la República se debe a que los mismos gobernadores solicitan el apoyo al Gobierno federal; sin embargo, resaltó que deja mucho que desear el trabajo de alcaldes y gobernadores en la seguridad de sus propias entidades.

“La decisión de la SCJN sobre juzgar a militares que violen los derechos humanos y las lagunas legales que hay en materia de seguridad interior, no inciden en el incremento o decremento de la inseguridad. Lo que queremos en la ley es que no existan interpretaciones”, subrayó el legislador.

Dijo que esta resolución no limita sus tareas, y en apoyo a darle claridad a sus funciones debe existir un marco legal que los proteja y, sobre todo, que les clarifique la tarea y no existan interpretaciones de lo que hacen, sino que sean establecidas en la ley.

José Luis Ovando dijo que la resolución del máximo tribunal obedece también a los tratados internacionales que ha firmado México en protección y respeto a los derechos humanos, mismos que forman parte de una sólida democracia.

De ser juzgados en los tribunales civiles, comentó, los procesos judiciales deben ser revisados por las “severas deficiencias que hay en el Poder Judicial”, en especial en los locales, ya que también son los ciudadanos lo que están en riesgo de ser juzgados con este deficiente sistema de impartición de justicia.

El diputado dijo que lejos de desacreditar a las instituciones como el Ejército y la Marina, deben tener el reconocimiento por apoyar a la deficiente labor de la policía municipal y estatal en todo el país. La deuda es de los gobernadores que durante años dejaron a un lado el fortalecimiento de sus cuerpos de seguridad local, sostuvo.

“No por intereses políticos o por vínculos con el crimen, podemos desacreditar instituciones serias que tienen el reconocimiento de los ciudadanos, no sólo para atender a los criminales, sino también en su apoyo en desastres naturales y problemas sociales”, sostuvo.

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