Palacio Legislativo 02-08-2011 (Notilegis).- La subsecretaria de Atención Ciudadana y Normatividad de la Secretaría de la Función Pública, Elizabeth Yáñez Robles, informó que de 2007 a 2011 se aplicaron 36 mil 841 sanciones administrativas a servidores públicos; de inhabilitaron a 4 mil 716 por corrupción o ineficiencia en la aplicación de los recursos, 3 mil 409 sanciones económicas, además de 56 funcionarios destituidos.

Durante su reunión con la Comisión de la Función Pública, que preside el diputado, Pablo Escudero Morales, del grupo parlamentario del PVEM, Elizabeth Yáñez dijo que el costo de la corrupción en contrataciones públicas en México, es de hasta el 14 por ciento del presupuesto que año con año se destina a las licitaciones en el sector público.

“De acuerdo a estudios internacionales de la OCDE respecto al impacto que tienen los actos de corrupción y de ilícitos en la contratación pública, se determina que en México el costo que tiene esta participación de manera ilícita en la contratación pública, es de entre el 10 y 14 por ciento del presupuesto dedicado a contratación pública”, indicó la funcionaria.

Aseguró que de tener los mecanismos de sanción para funcionarios y particulares, la capacitación a los servidores y eliminar áreas a espacios discrecionales, se tendría un ahorro de 100 mil millones de pesos del presupuesto de contratación pública.

Como parte de los mecanismos para reducir la corrupción que impera en diversas instituciones, la Ley Anticorrupción que se discute en la Comisión tiene como objetivo sancionar a las empresas que actúan con falta de ética y los actos de cohecho en licitaciones públicas.

En su exposición, la funcionaria señaló que los objetivos de la reforma a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos son incrementar las sanciones a funcionarios que actúan contra los denunciantes, incentivar la denuncia con remuneraciones económicas y agilizar la investigación.

La funcionaria aseguró que es necesario endurecer las sanciones, ya que hasta el momento éstas son mínimas y no afectan en nada al particular, lo que les permite seguir actuando fuera de la ley. “Tenemos casos comprobados de que las empresas se están coludiendo para quedarse con las licitaciones de manera ilícita o de que están participando de manera ilegal”, indicó.

La ley tipifica como falta grave en caso de incumplimiento por parte de un funcionario que esté tratando de inhibir una denuncia, esté sancionando a un funcionario o actuando en contra de él por haber presentado la denuncia. La inhabilitación para quien incurra en malas prácticas va de 10 hasta los 20 años.

IPC