Palacio Legislativo 03-08-2011 (Notilegis).- El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, José Luis Ovando Patrón, del grupo parlamentario del PAN, consideró que el dictamen de la Ley del Sistema de Ejecución de Sanciones, que aprobó la Comisión en abril pasado, y que podría ser votado por el Pleno en septiembre, transformará las cárceles mexicanas en centros de trabajo y educación.

“Estamos proponiendo hacer de las cárceles verdaderos centros de trabajo, de educación y auténticas unidades de capacitación y de producción”, comentó.

Precisó que una de las propuestas fundamentales es lograr que los internos trabajen, se capaciten y elaboren productos que podrían ser vendidos a empresas, lo que en parte ayudaría en los costos de manutención de los reclusos.

Y es que de acuerdo con un informe del Centro de Estudios sobre las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, la manutención de cada interno equivale a 151 pesos diarios, que multiplicado por los 225 mil reos, da la cifra de 34 millones de pesos por día que tiene que pagar el gobierno.

“Buscamos reducir los costos de manutención y provocar una mejor administración de los centros penitenciarios. Lo que se está planteando es vincularlos con empresas específicas para que puedan generar la primera ruta de producción en algunas ocasiones; se espera también capacitarlos para trabajos más específicos, sobre todo desde el punto de vista artesanal, de arte y manualidades”, expuso.

“Nosotros dejamos abierta la puerta ya en la ley, para que se pueda trabajar en ese sentido y generarse en los propios centros de reinserción social todo lo que tiene que ver con estas actividades”, dijo.

Ovando Patrón subrayó que la actual ley que rige a los penales federales tiene más de 40 años de antigüedad, por lo que las condiciones y el contexto en el que se aplicaba son muy diferentes a las actuales.

Apuntó que además de promover las actividades productivas, la reforma busca reintegrar a los reos a la sociedad, luego de purgar la condena.

“Proponemos que se haga realidad la separación de los reos sentenciados de los procesados; no pueden estar mezclados en el mismo espacio aquellos que ya se les encontró culpabilidad y quienes apenas están siendo procesados y podrían ser inocentes”, sostuvo.

“Además, queremos que se les diferencie por su nivel de peligrosidad; no puede ser posible que alguien que roba una cartera lo metan a la cárcel por robo con violencia y termine pagando su sentencia junto con un secuestrador de alto nivel”, añadió.

No obstante, reconoció que existe un déficit de penales, lo que ha provocado la sobrepoblación de internos, por lo que indicó que el proyecto de construir 10 reclusorios penales más debe ser orientado a este nuevo modelo de centros de readaptación.

“Esta ley es de avanzada; confiamos que pueda salir, ya sea iniciando el periodo ordinario en septiembre o bien si se procesa un periodo extraordinario en agosto; lo tenemos que debatir y asignarle recursos que se destinarán en este nuevo enfoque del sistema penitenciario”, concluyó.

AMR