Palacio Legislativo 08-08-2011 (Notilegis).- El secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, Nazario Norberto Sánchez, del grupo parlamentario del PRD, afirmó que el Gobierno federal debe aclarar su doble discurso en materia del combate a la inseguridad, porque, mientras por un lado se afirma que se lucha con toda la fuerza del Estados, por otro, retira recursos para su combate a municipios, y lo preocupante es que la población inocente sea la afectada.

Demandó una explicación de esos criterios extraños del por qué el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública determinó el retiro de recursos para dicho fin a 172 ayuntamientos, presuntamente porque no cumplen con los requisitos adecuados.

Al apuntar que esta cancelación de envío de fondos programados para este año definitivamente podrá afectar seriamente el desempeño de los cuerpos de seguridad para proteger a la población de los delincuentes organizados, el legislador confió que el capital no vaya a ser utilizado para otros fines.

"Llama la atención que no recibieran fondos localidades tan afectadas por la inseguridad como son Ciudad Juárez, Acapulco, Nuevo Laredo, Durango, el municipio de Nezahualcóyotl en el estado de México y la ciudad de Morelia, pero en cambio Guadalajara, Puebla, Querétaro y Culiacán aumentaron sus recursos, además de que se informó que esta reducción representa casi el 80 por ciento de las 220 localidades seleccionadas para recibir el apoyo federal", señaló.

"Sin duda urge un criterio inteligente en la destinación de estos fondos, ya que sería terrible que por cuestiones simplemente administrativas, como no haber llenado un formato, se retire un recurso para la protección de las personas, eso es un crimen. En cambio, si es por razones de que se desviaban hacia otros fines y no lo aplicaban al combate a la inseguridad, entonces sí que se les castigue hasta sus últimas consecuencias”, añadió.

Nazario Norberto recordó que, según los datos que proporcionaron entidades del Gobierno federal se entregaron los fondos por unos 377 millones de pesos a 48 ayuntamientos, y sin embargo, ya empezaron las protestas por parte de algunos municipios.Por ello, los legisladores deberán permanecer vigilantes a dónde va a destinarse este capital y que su reducción no resulte un beneficio para la actuación de los delincuentes.

ASC